VICTORIA RELATIVA DEL DERECHO AL OLVIDO

Mucho se ha escrito ya sobre la reciente sentencia del Tribunal de Justicia Europeo, del 13 de Mayo de 2014, asunto C-131/12, sobre el tratamiento que realizan los gestores de motores de búsqueda, como Google, respecto los datos de carácter personal.

Pero antes de analizar los razonamientos jurídicos que ha desarrollado el Gran Tribunal, debemos conocer los hechos que los han fundamentado. La sentencia viene a colación de una cuestión prejudicial planteada por la Audiencia Nacional sobre el caso de un ciudadano español que reclamaba la retirada de unos resultados que aparecían en Google Search al poner su nombre y apellidos (una noticia de 1998 sobre un anuncio de una subasta de inmuebles relacionada con un embargo por deudas a la Seguridad Social).

Las principales dudas que planteaba la Audiencia Nacional eran:

-qué tipo de implicación y responsabilidad tienen los motores de búsqueda en el tratamiento de datos personales,

-si se puede aplicar la Directiva 95/46 contra Google,

-y el alcance de los derechos de los interesados.

La actividad de un motor de búsqueda […] calificarse de tratamiento de datos personales […] y responsable de dicho tratamiento”. Así de claro lo  deja la sentencia en su punto 41, entendiendo que los gestores de los motores de búsquedas -en tanto que durante la búsqueda de información recogen, extraen, registran y organizan datos de carácter personal en sus servidores a la vez que los conservan, comunican y facilitan el acceso a sus usuarios- están realizando operaciones por las cuales se entiende que hay un tratamiento de datos personales a la luz de la normativa. De la misma manera que se entiende que el buscador es responsable de ese tratamiento por determinar los fines y medios de su actividad, que tienen como consecuencia el tratamiento de datos de carácter personal, sin que los protocolos que proporcionan para excluir contenidos de su indexación les afecte, ya que siguen siendo responsables a pesar de ello.

-“Se lleva a cabo un tratamiento de datos personales en territorio de un Estado miembro” Entendiendo que, aunque Google Inc. a través de la cual se gestiona la herramienta Google Search, tenga sede en un estado tercero, al crear aquella una sucursal o filial en un estado miembro destinada a garantizar la promoción y la venta de espacios publicitarios propuestos por Google Search y dirigir su actividad a los habitantes de dicho estado, se encuentra afecto por la Directiva 95/46 y debe respetarla.

-Por lo tanto, “el gestor de un motor de búsqueda está obligado a eliminar de la lista de resultados obtenida […] vínculos a páginas web, publicadas por terceros”. Debido a la afectación significativa a los derechos fundamentales del Sr. Coteja, puede exigirlo la autoridad de control (AEPD) o el órgano jurisdiccional.

No obstante, “se tendrá que examinar, en particular, si el interesado tiene derecho a que la información en cuestión relativa a su persona ya no esté”. Esto quiere decir que no todo vale; en este caso concreto, se reclamaba la retirada del vínculo a una noticia publicada 16 años atrás sobre una situación solventada en la actualidad y que, por lo tanto, era una información inadecuada, no pertinente y excesiva, contraria a los principios de la normativa y de la cual no existía un interés preponderante del público en tener acceso a ella, argumento que nos lleva a realizar un juicio de proporcionalidad, en cada caso, entre el derecho a la privacidad y el derecho a la información.

En conclusión, los gestores de motores de búsqueda como Google son per se responsables de tratamiento de datos de carácter personal de las páginas web que indexan y muestran en sus búsquedas, que quedan sujetos a la normativa local y han de atender a las reclamaciones por autoridades pertinentes ante la retirada de contenidos, siempre y cuando se haya superado el juicio de proporcionalidad, resultando vencedor el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen.

SONIA GRACIA CASTELLÓN

Abogada – Logic Data Consulting, S.L.

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