LISTA FALCIANI – BANCO SANTANDER – BLANQUEO DE CAPITALES (?)

A partir de unos informes emitidos por los inspectores del Banco de España (requeridos por el juez como peritos) la denominada Lista Falciani desvela cuentas secretas de HSBC de las que se ha podido conocer la propiedad real y que, presuntamente, están relacionadas con una trama de blanqueo de capitales con movimientos por un valor cercano a los 74 millones de euros, y por los que el juez de la Audiencia Nacional -José de la Mata- acaba de citar como investigados (anteriormente denominados como “imputados”) a varios directivos de Banco Santander y BNP Paribas.

Según los informes, el Banco de Santander realizaba transferencias sin cumplimentar la información requerida en complejas operaciones que dificultaban su análisis, y sin determinar ni la identidad de los ordenantes ni la de los beneficiarios.

Se investigan 1.070 operaciones por valor de 73,96 millones de euros, que fueron canalizados a través de Banco Santander entre 2005 y 2008.

¿POR QUÉ NO HAY NORTEAMERICANOS EN LOS PAPELES DE PANAMÁ?

Los especialistas sostienen que Estados Unidos se ha convertido en una de los principales destinos offshore en tierra firme. Le llaman la nueva Suiza.

Uno de los hechos menos conocidos, y que la trama panameña ha ayudado a poner sobre el tapete como un daño colateral, es que la gran industria offshore -fuera de las costas- se halla, de facto, onshore, en el interior. Según el sitio web South Dakota Trust Company (una de la más activas en la captación de dinero, de donde sea) “muchas de las jurisdicciones fuera de costas son menos atractivas para las familias internacionales que pretenden el secreto y, en consecuencia, la estabilidad de EE.UU., combinado con las leyes de fideicomiso o confianza pueden ofrecer más garantías que los servicios offshore basados en países menos poderosos”.

El estado de Dakota del Sur ya inició su eclosión en este sector al eliminar los impuestos personales o corporativos y con estrictas regulaciones para proteger y acorazar los activos, y que ahora compite para la captación de cuentas, con Nevada, Delaware, Alaska o Nueva York. Cuáles son los puntos de interés: un conjunto de capacidades, entre otras, la garantía del secreto, la minimización de impuestos, la gestión de los bienes y la provisión al cliente de que podrá acceder a sus cuentas en cualquier lugar del mundo.

Tax Justice Network, organización que entre otros asuntos  también se dedica a combatir a los evasores, sitúa a Estados Unidos en tercer lugar a nivel mundial entre los paraísos fiscales, sólo por detrás de Suiza y Hong Kong y por delante de las islas Cayman y Luxemburgo.

Estados Unidos aparece como un atractivo paraíso fiscal, porque no ha firmado las regulaciones globales que fuerzan a las compañías anónimas a desvelar los nombres de los verdaderos propietarios; son más indulgentes y seguros como escondite de dinero. En el estado de Delaware, por ejemplo, se puede registrar una sociedad instrumental, con testaferros al frente, sin ningún tipo de identificación y sin especificar al titular real de la misma. El celo de la IRS (agencia tributaria) se centra en perseguir a los evasores nacionales de puertas afuera y a la continua exigencia de Washington en vigilar la huida al exterior.

 “Estados Unidos presiona a otros países para que establezcan regulaciones, pero le responden que, en primer lugar, los estadounidenses deberían poner orden en su propia casa”.

LA FALTA DE SANCIONES IMPIDE QUE SE CASTIGUE EL BLANQUEO DE CAPITALES EN ESPAÑA

(Texto íntegro de la noticia publicada el 8-5-2016 en ” eldiario.es “, en el que se cita a nuestro socio Víctor Altimira)

  • Los organismos internacionales han advertido de la laxitud de la justicia española a la hora de imponer condenas por este tipo de delitos.
  • El sistema judicial no consigue precisamente un efecto disuasorio para las organizaciones criminales, que ven en España un lugar donde operar con poco riesgo.
  • Desde 2010, España tiene una ley para prevenir el blanqueo que ha hecho subir un 50% la identificación de operaciones sospechosas, pero después las condenas son muy pocas.

Año 2006. Una transferencia de 632.338,10 euros procedente de un banco en Suiza hace saltar las alarmas en el área de riesgos de La Caixa. Este es el momento inicial de una investigación que, tras diez años de trabajo desenredando una enorme maraña de sociedades y movimientos cruzados de dinero, ha enviado al responsable de esa gestión financiera a la cárcel acusado de blanqueo de capitales. Hablamos de Mario Conde.

En el auto que le envía a prisión, redactado por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, quedan reflejados no solo los tejemanejes del expresidente de Banesto para gestionar el dinero a través de paraísos fiscales y entramados financieros, también el modus operandi con el que trabaja el Estado español para luchar contra el blanqueo de capitales.

El de Conde podría considerarse un caso de libro. Una operación sospechosa es detectada por una entidad financiera y ésta da la alarma al Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales, Sepblac. Comienzan las pesquisas. En ese organismo, que trabaja bajo la cobertura física y logística del Banco de España, aunque legalmente está adscrito al Ministerio de Economía, se analizan miles de documentos, se cruzan datos de múltiples fuentes y cuando se tienen evidencias constatables de la existencia de delito, el caso pasa a manos de las fuerzas de seguridad especializadas en delitos económicos. La brigada de blanqueo de capitales de la UDEF o la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil son los cuerpos que, junto a la Policía o la Agencia Tributaria, se encargan de abordar los casos más flagrantes de delitos financieros.

Pero mientras que la primera parte de este proceso funciona de forma ejemplar, España falla estrepitosamente en la segunda. Frente a un proceso de identificación y prevención de casos de blanqueo que ya es un modelo para otros países –fuentes consultadas aseguran que Reino Unido lo está copiando– el engranaje se atasca cuando los culpables deben ser sancionados.

Que un caso de blanqueo acabe con sus responsables en la cárcel, como le ha ocurrido a Mario Conde, es algo casi excepcional en España. Así lo ha constatado el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el organismo que vela por la supervisión del control del blanqueo de capitales en todo el mundo en su informe sobre España publicado en diciembre de 2014. Así, advierte de que “las penas de prisión que se imponen en España por blanqueo de capitales son excesivamente bajas“. Esto implica, según este organismo supervisor, que “el sistema judicial no consigue precisamente un efecto disuasorio para las organizaciones criminales, que más bien al contrario ven en España un lugar donde operar con poco riesgo“.

No es la primera vez que se cuestiona la eficacia de la Justicia española a la hora de penar los delitos relacionados con blanqueo. Lo ha hecho en reiteradas ocasiones la OCDE y con especial intensidad en su informe 2013 dedicado al soborno y el cohecho. En él acusaba a España de inactividad. Aseguraba que no era coherente que un país de este tamaño hubiera realizado apenas siete investigaciones en 13 años y que ninguna de ellas terminara con condena firme.

España comenzó a tomarse en serio la lucha contra el blanqueo de capitales en 2010. Es el año en que se aprueba la Ley contra el Blanqueo de Capitales que se refuerza en 2014 con el pertinente reglamento. Desde entonces, España ha intensificado, entre otras muchas medidas, lo que podría denominarse una red de chivatos o colaboradores (obligados, eso sí) para facilitar la detección de casos de blanqueo en aquellos sectores de actividad que más relación pueden tener con el dinero negro. Cabe recordar que el blanqueo de capitales solo afecta a los bienes de origen ilícito, un paso más allá de la ocultación de bienes con ánimo defraudatorio.

Los ‘sujetos obligados’ del blanqueo

El nombre oficial de estos “colaboradores” es el de “sujetos obligados”. Los bancos y todo tipo de entidades financieras lo son desde hace años, pero la Ley de 2010 amplió la lista a joyeros, notarios, responsables de inmobiliarias, anticuarios, y así hasta 26 sectores susceptibles de ser utilizados como vía de blanqueo. Están obligados a llevar un registro de operaciones (tipificadas por ley) que deben reportar mensualmente al Sepblac, y además informar puntualmente de todas aquellas operaciones que presenten algún indicio de estar relacionadas con un caso de blanqueo.

“La simple sospecha ya es motivo para informar de un caso. Por lo que Sepblac se convierte en una esponja. Su efectividad se basa también en que le llega información por diversos canales y eso le permite identificar qué casos acumulan más denuncias de distintos sujetos obligados”, explica Víctor Altimira, socio abogado de Logic Data Consulting y presidente del Instituto de Expertos Externos en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo ( Inblac).

El refuerzo ha sido efectivo. Las operaciones sospechosas reportadas se han incrementado un 50%, desde 3.171 en 2010 a 4.757 en 2015. En el caso de las sistemáticas, el aumento se ha casi cuadruplicado, subiendo un 186% desde 707.968 hasta las 2.027.008 en el mismo período.

El Sepblac tiene la complicada tarea de separar el polvo de la paja. Es decir, discernir si todo aquello que en principio es sospechoso efectivamente es la punta del iceberg de un delito, un fallo administrativo o un indicio fallido. El reto no es baladí. Como se pudo ver en el caso de caso de  Gao Ping y en el de Mario Conde o como reflejan los Papeles de Panamá, la eficiencia a la hora de blanquear dinero se basa en crear complicadas tramas de empresas y testaferros.

En un primer nivel, esa labor recae en un equipo de 79 personas, la plantilla total del organismo, que hasta 2015 era de 54 personas. El Gobierno reforzó la cuantía disponible para el Sepblac recogida en los Presupuestos Generales de 2016 hasta los 14,46 millones de euros, frente a los 11, 09 millones del año anterior.

Desde el propio Sepblac explican que “para incrementar su efectividad centran las investigaciones en las comunicaciones basadas en indicios”.  El número de informes de inteligencia financiera sobre comunicaciones sospechosas que el Sepblac ha remitido a las diferentes autoridades nacionales (desde Tribunales, Policía, Guardia Civil, Aduanas y hasta a la propia Agencia Tributaria) no ha parado de aumentar desde los 4.077 en 2010 hasta los 6.500 en 2015.

Pocas operaciones

Estas cifras descienden drásticamente cuando se analizan las investigaciones que reporta el Sepblac. “No se puede decir que las 71 investigaciones ‘in situ’ que hizo en 2015 o incluso las 90 de 2014 sean un dato para estar orgullosos. Habría que hacer muchas más, aunque solo fuera para que los posibles infractores tuvieran la sensación de que pueden ser pillados“, asegura María García, socia de Amber Legal & Business Advisors, y presidente de ASEBLAC, la Asociacion Española Sujetos Obligados en Prevención del Blanqueo en Cataluña. “Apenas han investigado cinco despachos de abogados y eso que GAFI ha advertido que este es el grupo de sujetos obligados que menos colabora con la Administración”.

Pero esta es una crítica que ya no debe recaer en este cuerpo de inteligencia financiera. “Quien decide si un caso es o no susceptible de ser sancionado administrativamente es la secretaría de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales”, explica Víctor Altimira. Es decir, un órgano ya totalmente dependiente del Ministerio de Economía. Es en esa comisión en la que se gestionan las sanciones administrativas.

Además estas sanciones podrían ser tan solo la punta del iceberg, puesto que, como recuerda María García, solo se hacen públicas las sanciones muy graves. Las graves solo se reflejan públicamente en caso de que el multado recurra la sanción. “No hay que ser un lince para adivinar que muchos sujetos obligados prefieren pagar la multa antes que recurrirla y verse ligado a este tipo de problemas en un documento público“, reconoce.

Parece claro que el engranaje de la lucha contra el blanqueo comienza a chirriar cuando los expedientes salen del Sepblac. Según los últimos datos publicados, el número de casos con condena firme por blanqueo de capitales fue en 2013 de 49, con un total de 116 implicados. Los motivos pueden ser muy variados, pero un exalto cargo de la lucha contra el blanqueo de capitales en España apunta a la propia concepción legal de proceso.

“En la Ley de 2010 queda muy claro que los informes de inteligencia financiera (del Sepblac) no tendrán valor probatorio y no podrán ser incorporados directamente a las diligencias judiciales o administrativas”, advierte. Eso significa que aunque las pesquisas realizadas por el Sepblac sirvan de ayuda a las fuerzas de seguridad del Estado, éstas deben comprobar cada uno de los indicios apuntados.

El sistema es muy garantista y conseguir pruebas irrefutables para sustentar un condena en los complicados entramados societarios, con múltiples testaferros y operaciones cruzadas que implican las operaciones de blanqueo no es ni fácil, ni rápido

IMPARTIMOS CURSO de PREVENCIÓN BLANQUEO CAPITALES Y VINCULACIÓN CON PROTECCIÓN DE DATOS

En  “FORUM EMPRESA” – Lleida
Curs: 
Prevenció de blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme (i la seva vinculació en protecció de dades)
Curs adreçat als professionals i empreses subjectes obligats, perquè puguin tenir una visió rellevant sobre la Prevenció del Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme. Coneixeran els aspectes generals del blanqueig de capitals, context històric, concepte i tipologia, així com la normativa i les sancions administratives i penals, i d’aquesta manera saber com han d’implementar als seus despatxos la normativa d’aquesta matèria.La formació rebuda, permetrà que els assistents puguin complir amb les exigències que estableix l’Article 39 del Reglament de la Llei PBC-FT davant el SEPBLAC*.
Data del curs:
27 d’abril  i  4 de maig de 2016
Horari:
De 16’00h. a 20’00h.
Ponents:
Sra. Irene López López.           Sòcia Directora LOGIC DATA CONSULTING.
Sr. Víctor Altimira Ávalos.   Soci Advocat LOGIC DATA CONSULTING.
Hores:
8 hores
Preu Abonats ………. 150€ + 21% IVA            2n Abonat …………… 130€ + 21% IVA
No Abonats …………. 195€ +  21% IVA           2n No Abonat ……… 165€ + 21% IVA
Col·lectiu amb Conveni ………………………175€ + 21% IVA
Màxim bonificable aprox.   104€                                            
Contingut:
1. INTRODUCCIÓ A LA PREVENCIÓ DEL BLANQUEIG DE CAPITALS I EL FINANÇAMENT DEL TERRORISME
• Conceptes legals
• Principals òrgans internacionals i nacionals en la lluita contra el Blanqueig i el Finançament del Terrorisme
• Paradisos fiscals i territoris off shore
• Legislació bàsica nacional i internacional: Antecedents normatius
• La Llei 10/2010 i el seu Reglament
• Delimitació del concepte de “Subjecte Obligat”
• Activitats econòmiques incloses
• Especial menció als advocats com a subjectes obligats
• L’advocat i l’assessorament fiscal
• Secret professional i PBC-FT
• La classificació dels subjectes obligats per llindars segons l’Article 31 del Reglament
• Infraccions
• Especial menció als moviments de capitals en efectiu
• Procediment Sancionador
2. OBLIGACIONS DELS SUBJECTES OBLIGATS
• Mesures normals de diligència deguda
• Mesures simplificades de diligència deguda
• Mesures reforçades de diligència deguda
• Anàlisis i comunicacions d’operacions sospitoses
• Mesures de control intern
• Altres obligacions
3. PREVENCIÓ DEL BLANQUEIG DE CAPITALS I EL FINANÇAMENT DEL TERRORISME I PROTECCIÓ DE DADES
• Inscripció de fitxer o fitxers davant l’AEPD
• Mesures de seguretat
• Dret d’informació
• Consentiment
• Drets ARCO
• Intercanvi d’informació

 

¿QUÉ HAY DETRÁS DE LOS “PAPELES DE PANAMÁ”?

Hace días apareció en los medios de comunicación la noticia de los “papeles de Panamá” y, junto a ella, términos como “sociedades offshore”, “territorios o jurisdicciones offshore”, “paraísos fiscales” y “blanqueo de capitales”.

Este artículo pretende explicar a los legos en la terminología jurídica y financiera, qué significan estos términos y cuál es su funcionamiento.

¿Qué es el blanqueo de capitales?

Según se manifiesta en la Ley 10/2010 de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, se consideran blanqueo de capitales las siguientes actividades:

a) La conversión o la transferencia de bienes, a sabiendas de que dichos bienes proceden de una actividad delictiva o de la participación en una actividad delictiva, con el propósito de ocultar o encubrir el origen ilícito de los bienes o de ayudar a personas que estén implicadas a eludir las consecuencias jurídicas de sus actos.

b) La ocultación o el encubrimiento de la naturaleza, el origen, la localización, la disposición, el movimiento o la propiedad real de bienes o derechos sobre bienes, a sabiendas de que dichos bienes proceden de una actividad delictiva o de la participación en una actividad delictiva.

c) La adquisición, posesión o utilización de bienes, a sabiendas, en el momento de la recepción de los mismos, de que proceden de una actividad delictiva o de la participación en una actividad delictiva.

d) La participación en alguna de las actividades mencionadas en las letras anteriores, la asociación para cometer este tipo de actos, las tentativas de perpetrarlas y el hecho de ayudar, instigar o aconsejar a alguien para realizarlas o facilitar su ejecución.

Existirá blanqueo de capitales aun cuando las conductas descritas en las letras precedentes sean realizadas por la persona o personas que cometieron la actividad delictiva que haya generado los bienes.

A los efectos de esta Ley se entenderá por bienes procedentes de una actividad delictiva todo tipo de activos cuya adquisición o posesión tenga su origen en un delito, tanto materiales como inmateriales, muebles o inmuebles, tangibles o intangibles, así como los documentos o instrumentos jurídicos con independencia de su forma, incluidas la electrónica o la digital, que acrediten la propiedad de dichos activos o un derecho sobre los mismos, con inclusión de la cuota defraudada en el caso de los delitos contra la Hacienda Pública.

Se considerará que hay blanqueo de capitales aun cuando las actividades que hayan generado los bienes se hubieran desarrollado en el territorio de otro Estado.

Por tanto se trata un delito extraterritorial que está tipificado en nuestro Código Penal, en sus artículos 301 y siguientes.

¿Qué son los paraísos fiscales?

Lamentablemente nuestro ordenamiento jurídico no dispone de una definición legal para indicarnos qué es un paraíso fiscal. No obstante, si tenemos que dar una definición al  respecto podemos decir que se trata de aquél territorio o Estado que se caracteriza por una escasa o nula tributación a que se someten determinada clase de transacciones, ventas a determinadas personas o entidades que allí encuentran su cobertura de amparo.

Los Estados, para calificar a otro Estado o territorio como paraíso fiscal, tienen en cuenta los siguientes criterios:

-Ausencia de impuestos o casi nulos para rentas generadas por actividades económicas.

-Carencia de intercambio efectivo de información basada en el secreto frente a la fiscalización de las autoridades que impide el intercambio de información sobre sus contribuyentes con otros países.

-Falta de transparencia en la aplicación de las normas administrativas o legislativas.

-No exigencia de actividad real para personas domiciliadas en esa jurisdicción.

¿Y qué es una jurisdicción offshore?

En lenguaje financiero se utiliza el término offshore para referirse a cualquier actividad económica o inversión que se realiza fuera del propio país de residencia.

Para hablar en propiedad de jurisdicción offshore, se deben dar determinadas ventajas respecto al lugar de residencia habitual, como son los beneficios fiscales, facilidad para constituir sociedades, normativas rigurosas respecto a la privacidad y por ende de secreto bancario, …. Por tanto, estos requisitos se dan en los paraísos fiscales.

Entonces, las sociedades offshore son sociedades que se registran en un paraíso fiscal. Allí no realizarán ninguna actividad comercial. Únicamente se utiliza el domicilio fiscal, pero el control y la administración de la sociedad lo realizan empresas o personas físicas extranjeras desde cualquier otro lugar del mundo.

Ventajas de tener una sociedad offshore

Ya hemos apuntado anteriormente algunas de las ventajas que ofrecen los paraísos fiscales, pero hay muchas más: excepción de numerosos impuestos como el de sociedades, actividades económicas o, si tienen que pagarlos, son casi nulos o simbólicos.

Además de las ventajas fiscales destacan numerosas ventajas como son la de poder constituir sociedades en menos de 48 horas, con el mínimo de documentación a aportar, y por precios irrisorios.

Los accionistas pueden ser, normalmente, de cualquier nacionalidad y además pueden existir sociedades en las que una única persona pueda desempeñar todos los cargos. Evidentemente la legislación mercantil también acompaña para que la administración de la sociedad pueda ser fácil y económica, y, evidentemente, también su contabilidad.

Por si fueran pocas estas ventajas, lo que además atrae para poder constituir una sociedad offshore es la escrupulosa confidencialidad existente con los accionistas y propietarios de estas sociedades ya que no figuran en ningún registro público. Para aumentar la privacidad, se permite el que puedan existir, tanto directores y accionistas fiduciarios, e incluso acciones al portador. Todo lo contrario de lo que ocurre, por ejemplo, en España.

 Por último, otra de las características más relevantes es la de poder constituir una empresa sin desembolsar el capital suscrito.

 ¿Qué tipo de sociedades offshore suelen existir?

Existen principalmente dos tipos de sociedades:

-Las IBC (International Business Company) o centros internacionales de negocio. Éstas son las más comunes. Por poner algunos ejemplos: Las Islas Vírgenes cuentan con más de 300.000 IBC, las Bahamas con más de 58.000, y las Bermudas sobrepasan las 10.000.

-Las LLC (Limited Liability Company). No suele existir en todas las jurisdicciones offshore ya que se deben declarar los beneficios por la sociedad en las declaraciones de la renta individuales.

 Panamá

España en su RD 1080/1991 determina a los que considera paraísos fiscales. Ese Real Decreto no se ha modificado desde entonces en puridad. Pero bien es cierto que el listado original de 1991 ha sufrido cambios significativos, ya que como se indica en la propia norma, si España firma algún acuerdo para evitar la doble imposición o para intercambiar información en materia tributaria, los países que figuran en esa lista dejan de ser considerados paraísos fiscales.

Este es el caso de Panamá, que figura en la lista del RD 1080/1991 pero que, a efectos fiscales, dejó de ser considerado paraíso fiscal desde julio de 2011, al firmar ambos acuerdos con España. España firmó los convenios con Panamá para poder facilitar la contratación de empresas españolas con el fin de ampliar el Canal de dicho país.

Panamá también ha salido del famoso listado de países con deficiencias en sus sistemas contra el lavado de dinero, del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) principal valedor de la lucha a nivel mundial contra el blanqueo de capitales, en febrero de 2016. Pero para la Comisión Europea, sigue siendo un paraíso fiscal, y así lo hizo saber en junio del pasado año cuando publicó su lista oficial.

Por tanto, no es tarea fácil el determinar a primera vista si un país es o no paraíso fiscal.

La práctica habitual de Panamá parecía haber cambiado con la aprobación del nuevo Reglamento de la Ley 23 de 2015, que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, además de adoptar una serie de cambios normativos, tanto penales como administrativos, con el fin de salir del listado del GAFI, cosa que consiguió recientemente, como se ha dicho anteriormente.

Pero nada más lejos de la realidad aparente, ya que sigue siendo muy sencillo encontrar despachos como el de Mossak Fonseca, que ayudan a crear sociedades offshore de forma rápida y eficaz. Las nuevas tecnologías ayudan a la creación de estas sociedades, ya que no hace falta ni desplazarse a estos países para crearlas, pero también pueden jugar una mala pasada si algún hacker se hace con la información y la publica en las redes, tal y como ha pasado con el bufete Mossak Fonseca. Y es que por mucho exceso de celo que se quiera tener en los paraísos fiscales con los datos de los clientes, la información puede ser interferida si no se ponen todas las medidas de seguridad pertinentes. Pero esa cuestión la dejamos para otro artículo.

Socio-Abogado de Logic Data Consulting

Presidente de INBLAC (Instituto de Expertos en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo).

RESUMEN DE LA GUÍA ORIENTATIVA SOBRE RIESGO GEOGRÁFICO de la Comisión de prevención del blanqueo de capitales

Dando debido cumplimiento al artículo 22 del RD 304/2014, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, la Comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias ha publicado una Guía cuyo objetivo es el orientar a los sujetos obligados en el cumplimiento de su obligación de determinar cuáles son los países y jurisdicciones de riesgo y que, a su vez, deberán ser tenidas en cuenta para los respectivos análisis de riesgos y en la elaboración de las medidas de control interno.

Pero la Guía quiere cubrirse en salud y establece que, con independencia de las orientaciones dadas en la misma, adicionalmente cada sujeto obligado, en función del sector en el que opere, del tipo y volumen de operaciones que realice, de su experiencia profesional y, sobre todo, de su evaluación de riesgos correspondiente, debe determinar la existencia de otros riesgos derivados de operar con determinados países o con nacionales de esos países.

Por tanto es una Guía enunciativa, pero no limitativa.

En primer lugar, la Guía establece unos criterios comunes para identificar los países, territorios o jurisdicciones de riesgo. A saber:

Países, territorios o jurisdicciones de riesgo que:

a)      No cuenten con sistemas adecuados de prevención del blanqueo de capitales y/o de la financiación del terrorismo.

b)      Estén sujetos a sanciones, embargos o medidas análogas aprobadas por la Unión Europea, Naciones Unidas u otras organizaciones internacionales.

c)       Presenten niveles significativos de corrupción u otras actividades criminales.

d)      Faciliten financiación o apoyo a actividades terroristas.

e)      Presenten un sector financiero extraterritorial significativo (centros “off-shore”).

f)       Tengan la consideración de paraísos fiscales

Es decir, lo mismo que ya se indica en el artículo 22.1 del Reglamento de la Ley 10/2010.

Para determinar qué países deben incluirse dentro de cada una de las anteriores categorías de riesgo, nos indica que se acuda a fuentes fiables como el GAFI, o sus organismos regionales equivalentes (GAFILAT, GAFIC, MENAFATF, MONEYVAL y demás instituciones plurinacionales) o los informes emitidos por organismos o instituciones internacionales relativos a cada uno de los criterios señalados (Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, OCDE, Banco Europeo de Inversiones o Banco Interamericano de Desarrollo, entre otros).

Primer Criterio de riesgo geográfico. Países, territorios o jurisdicciones que no cuenten con sistemas adecuados de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

Se basa en los listados que elabora el GAFI y que cada cuatro meses actualiza en función de las revisiones que lleva cabo el propio GAFI.

La Guía nos facilita los enlaces en los que se pueden encontrar, de manera actualizada, cuáles son las jurisdicciones no cooperadoras en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (GAFI):

Página web de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias:

                http://www.tesoro.es/prevencion-del-blanqueo-y-movimiento-deefectivo/novedades

 Página web del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI-FATF):

                 http://www.fatf-gafi.org/topics/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/

Además, también se tiene en consideración la Lista UE de terceros países de alto riesgo, dando cumplimiento al artículo 9 de la Directiva (UE) 2015/849, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.

Indica además la Guía, como otras fuentes no oficiales, al Instituto de Basilea (institución independiente y sin ánimo de lucro) que publica con carácter anual el siguiente “Índice AML”:

 https://index.baselgovernance.org/

Segundo Criterio de riesgo geográfico. Países, territorios o jurisdicciones sujetos a sanciones, embargos o medidas análogas aprobadas por la Unión Europea, las Naciones Unidas u otras organizaciones internacionales.

Tanto la ONU como la Unión Europea pueden adoptar medidas coercitivas para que los Estados actúen conforme a derecho.

En caso de incumplimiento, las medidas impuestas por estos organismos internacionales pueden ir desde sanciones económicas, a embargos, restricciones comerciales…. Tanto la ONU como la Unión Europea facilitan en sus respectivos sitios web las últimas versiones de las listas de sanciones impuestas

Unión Europea:

http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/index_en.htm

http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/docs/measures_en.pdf

ONU:

 https://www.un.org/sc/suborg/es/sanctions/information

https://www.un.org/sc/suborg/es/sanctions/un-sc-consolidated-list

Tercer Criterio de riesgo geográfico. Países, territorios o jurisdicciones que presenten niveles significativos de corrupción u otras actividades criminales.

Para este tercer criterio, la Guía se basa fundamentalmente en dos organismos gubernamentales, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC) y la OCDE, si bien también tiene en cuenta a otras instituciones como  Transparencia Internacional y a World Economic Forum.

Respecto de la UNCAC, que es el único instrumento de lucha contra la corrupción universal jurídicamente vinculante, dispone la Guía que es herramienta única para el desarrollo de una respuesta conjunta al problema global de la corrupción. Para ello está desarrollando constantemente nuevos manuales, herramientas y publicaciones con vistas a mejorar el conocimiento de los problemas, las políticas y las buenas prácticas sobre la aplicación de la Convención contra la Corrupción. En los siguientes enlaces podemos encontrar más información sobre sus informes:

https://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/

http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/country-profile/index.html

De la OCDE, la Guía destaca su recomendación anti-soborno del año 2009.

 http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/

Además, la OCDE elabora informes de seguimiento de cada país y formula recomendaciones que se pueden encontrar en:

http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/countryreportsontheimplementationoftheoecdantibriberyconvention.htm

El World Economic Forum (Foro Económico Mundial) publica anualmente un Informe Global de Competitividad de los países, en el que se incide en su grado de corrupción (The Global Competitiveness Report)

 http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2014-2015/rankings/

La archiconocida Transparencia Internacional se dedica a combatir la corrupción a escala mundial y, con carácter anual, publica un Índice sobre la percepción de la corrupción de los diferentes países en el mundo. Esta información la podemos encontrar en su sitio web:

http://www.transparency.org/

Cuarto Criterio de riesgo geográfico. Países, territorios o jurisdicciones que faciliten financiación o apoyo a actividades terroristas.

Cabe destacar que, actualmente, no existe a nivel internacional un listado oficial de países en este sentido. No obstante, la ONU y la Unión Europea identifican de manera diferenciada a personas físicas y jurídicas que, por su vinculación a actividades terroristas, son incluidas en listas que se actualizan periódicamente. A estas personas físicas o jurídicas se les imponen una serie de restricciones y de sanciones financieras, como ya se ha descrito anteriormente.

La Guía nos recuerda que estos listados deben ser objeto de comprobación por los sujetos obligados en el desarrollo de sus actividades comerciales de manera que, si se detecta a alguna de las personas o entidades incluidas en la lista, se debe proceder al bloqueo de los fondos o activos propiedad de la misma y comunicar a las autoridades competentes. Para más información al respecto podemos acudir al siguiente enlace:

 https://www.un.org/sc/suborg/es/sanctions/1267/aq_sanctions_list

Por su parte la Unión Europea regula la congelación de activos según los Reglamentos 2580/2001 y 881/2002. Por tanto, son de aplicación directa e inmediata por todas las personas de la UE.

La Secretaría General del Tesoro y Política Financiera colabora y orienta a las instituciones financieras (sujetos directamente obligados en virtud de los Reglamentos comunitarios) en la efectiva aplicación de las medidas de congelación, en los casos en que éstas requieran información sobre algún cliente de su entidad que aparece en las listas internacionales de terroristas. Para más información:

http://www.tesoro.es/prevencion-del-blanqueo-y-movimiento-de-efectivo/sancionesfinancieras

 La Comisión de la UE y la Federación Bancaria Europea dispone de una base de datos única sobre individuos y personas sujetas a congelación, que se encuentra en el siguiente enlace:

http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list_en.htm

Quinto Criterio de riesgo geográfico. Países, territorios o jurisdicciones que tengan la consideración de paraísos fiscales

La normativa española establece una relación de países y territorios a los que cabe atribuir el carácter de paraísos fiscales en el Real Decreto 1080/1991, de 5 de julio por el que se determinan los países o territorios a que se refieren los artículos 2, apartado 3, número 4, de la Ley 17/1991, de 27 de mayo, de medidas fiscales urgentes, y 62 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1991.

Este listado ha sido objeto de importantes variaciones, debido a que muchos de esos países han dejado de tener dicha consideración a efectos fiscales tras la firma por España de los respectivos convenios de doble imposición con los mismos. Por lo tanto, hasta tanto no se publique una nueva lista de países, el listado de territorios que tienen la consideración de paraíso fiscal es el siguiente:

Emirato del Estado de Bahréin

Sultanato de Brunei

Gibraltar

Anguilla

Antigua y Barbuda

Bermuda

Islas Caimanes

Islas Cook

República de Dominica

Granada

Fiji

Guernesey

Jersey

Islas Malvinas

Islas Marianas

Mauricio

Montserrat

República de Naurú

Islas Salomón

San Vicente y las Granadinas

Santa Lucía

Islas Turks y Caicos

República de Vanuatu

Islas Vírgenes Británicas

Islas Vírgenes de Estados Unidos de

América

Reino Hachemita de Jordania

República Libanesa

República de Liberia

Principado de Liechtenstein

Macao

Principado de Mónaco

República de Seychelles

Además de lo dispuesto en el ordenamiento jurídico español, existen instituciones que   confeccionan listados para los sujetos obligados en la determinación del riesgo de un país debido a la opacidad  de sus normas internas

Listados de la Unión Europea:

A través de la plataforma de buen gobierno tributario, se publican anualmente listas de paraísos fiscales que han sido catalogados como tales por diferentes Estados miembros de la UE.

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/gen_info/good_governance_matters/lists_of_ countries/index_en.htm

Listados de la OCDE – Foro Global:

El Global Fórum sobre Transparencia e Intercambio de Información Tributaria (Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes) es un marco multilateral de trabajo establecido por la OCDE, centrado en la transparencia fiscal y el intercambio de información tributaria entre 120 países

http://www.oecd.org/tax/transparency/

Este Foro Global publica informes en los que se evalúa la cooperación prestada por los estados en materia tributaria de acuerdo con los estándares internacionales, teniendo en cuenta tanto su regulación como el intercambio de información que se produce en la práctica. En el siguiente enlace podemos encontrar más información:

 http://www.oecd.org/tax/transparency/peerreviewgroup.htm

 Otras fuentes no oficiales:

 Como fuentes no oficiales, la Guía destaca a dos:

  • Tax Justice Network:  Esta oganización internacional elabora estudios sobre el grado de secreto financiero de los diferentes países y jurisdicciones.  Ha creado el Índice de Secreto Financiero (Financial Secrecy Index). En este  Índice se establece un ranking de 92 jurisdicciones en función de su nivel de secreto financiero y su volumen de actividades como “herramienta para la comprensión de las jurisdicciones con secreto financiero, los paraísos fiscales y los flujos financieros ilícitos”. El actual se encuentra publicado en:

http://www.financialsecrecyindex.com/introduction/fsi-2015-results

  • Global Financial Integrity (GFI): Esta organización produce informes y análisis de los flujos financieros ilícitos

http://www.gfintegrity.org/

Entre los informes publicados por esta organización se encuentra su “Informe del periodo 2003-2012 sobre flujos financieros ilícitos procedentes de países en desarrollo”.

http://www.gfintegrity.org/report/2014-global-report-illicit-financial-flowsfrom-developing-countries-2003-2012/

Sexto Criterio de riesgo geográfico. Países, territorios o jurisdicciones que presenten un sector financiero extraterritorial significativo (centros “off-shore”)

Para acudir a este tipo de listados lo debemos hacer a las listas de las siguientes organizaciones internacionales:

El FSB (Financial Stability Board):

http://www.financialstabilityboard.org/publications/r_0004b.pdf

 El Fondo Monetario Internacional:

 http://www.imf.org/external/np/mae/oshore/2000/eng/back.htm#table1

 http://www.imf.org/external/NP/ofca/OFCA.aspx#A

El OGBS (Offshore Group of Banking Supervisors):

http://www.gifcs.org/index.php/about/members-and-observers

 

VICTOR-2

Víctor Altimira Ávalos – Socio Abogado. Presidente de INBLAC (Instituto de Expertos en Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo).

AUTORIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE IDENTIFICACIÓN NO PRESENCIAL MEDIANTE VIDEOCONFERENCIA

Desde el pasado 1 de marzo de 2016 ha entrado en vigor la autorización del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) para el uso de la videoconferencia como procedimiento de identificación de clientes.

Las nuevas tecnologías deben facilitar el trabajo y además ahorrar costes. Es por ello que nuestra legislación en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (tanto la Ley 10/2010, como su Reglamento desarrollador) apuestan por ellas.

Partiendo de esta premisa y dando debido cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21.1 d) del Reglamento de la Ley 10/2010, se establecen en la autorización del SEPBLAC los parámetros bajo los cuales los sujetos obligados podrán utilizar la videoconferencia para identificar a aquellos de sus clientes a los que no puedan identificar presencialmente.

En su introducción, esta última autorización mediante videoconferencia liga la innovación tecnológica con el sector financiero, pero se indica que se autoriza a los sujetos obligados sin detallar a cuáles, por lo que debemos entender que deben ser todos.

Esta autorización viene a completar la de 22 de mayo de 2015 sobre procedimiento de identificaciones no presenciales -en vigor desde el pasado 1 de junio de 2015- ideada sólo para entidades participantes del Sistema Nacional de Compensación Electrónica.

 ¿Qué debe tener en cuenta el sujeto obligado que opte por la videoconferencia para identificar a sus clientes?

– Con carácter previo:

-Solicitar los documentos fehacientes de identificación a que se refiere el artículo 6 del Reglamento de la Ley 10/2010.

-Realizar el análisis de riesgo del cliente.

-Se debe documentar el procedimiento que se va a llevar a cabo para la videoconferencia y probar la eficacia, anotando por escrito los resultados. Si las pruebas no acreditan la eficacia, se deberá desistir de este procedimiento de identificación.

-Deberá implantar requerimientos técnicos idóneos que aseguren la autenticidad, vigencia e integridad de los documentos de identificación utilizados y la correspondencia del titular con el cliente objeto de identificación.

-La identificación deberá gestionarse por personal con formación específica.

-Verificar que el cliente no está sometido a sanciones o contramedidas financieras internacionales.

– Durante la videoconferencia:

-Deberá quedar constancia de la fecha y hora de la grabación y conservarla por un período mínimo de 10 años.

-El cliente debe consentir expresamente la grabación, con carácter previo o en el curso de la misma. Evidentemente, se le deberá informar, conforme al artículo 5 de la Ley Orgánica de Protección de Datos 15/1999 (LOPD) de:

-La existencia de un fichero o tratamiento de datos de carácter personal, de la finalidad de la recogida de éstos y de los destinatarios de la información.

-El carácter obligatorio o facultativo de su respuesta a las preguntas que les sean planteadas.

-Las consecuencias de la obtención de los datos o de la negativa a suministrarlos.

-La posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.

-La identidad y dirección del responsable del tratamiento o, en su caso, de su representante.

-Adoptar medidas de seguridad que acrediten la privacidad de la conversación mantenida con el cliente. En este sentido también será de aplicación lo dispuesto al respecto en la LOPD.

-El cliente deberá mostrar los documentos fehacientes en su anverso y reverso.

-Deberá obtener y conservar (durante un período mínimo de 10 años) fotografía o instantánea del documento de identificación, tanto anverso como reverso, y que éste reúna condiciones de calidad y nitidez para posibles futuras investigaciones o análisis.

Evidentemente, no podrá completarse el proceso de identificación en el caso de que:

-Existan indicios de falsedad o manipulación del documento de identificación.

-Existan indicios de falta de correspondencia entre el titular del documento y el cliente objeto de identificación.

-Las condiciones de la comunicación impidan o dificulten verificar la autenticidad e integridad del documento de identificación y la correspondencia entre el titular del documento y el cliente objeto de identificación.

– Otras consideraciones:

La videoconferencia podrá ser externalizada, si bien la responsabilidad será del sujeto obligado. En este sentido se deberá cumplir con los requisitos del artículo 12 de la LOPD, y el artículo 20 de su Reglamento (RD 1720/2007) si la externalización implica acceso a datos de carácter personal. Este tercero será considerado encargado del tratamiento y, por tanto, deberá suscribirse un contrato de protección de datos entre el sujeto obligado (responsable del fichero) y el tercero contratado para la videoconferencia (encargado del tratamiento). En este contrato se establecerá que el encargado del tratamiento únicamente tratará los datos conforme a las instrucciones del responsable del fichero, que no los aplicará o utilizará con fin distinto al que figure en dicho contrato, ni los comunicará, ni siquiera para su conservación, a otras personas. Asimismo, se estipularán las medidas de seguridad que el encargado del tratamiento está obligado a implementar. Una vez cumplida la prestación contractual, los datos de carácter personal deberán ser destruidos o devueltos al responsable del fichero, al igual que cualquier soporte o documentos en que conste algún dato de carácter personal objeto del tratamiento.

En sus informes, el experto externo deberá pronunciarse sobre la eficacia y adecuación operativa del sistema de videoconferencia implantado por el sujeto obligado, así como de la formación recibida por los empleados para identificar por estos medios a los clientes.

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Víctor ALTIMIRA, Socio-Abogado y Presidente de INBLAC  (Instituto de Expertos en Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo).

HACER DE “MULA” NO MOLA Y, ADEMÁS, ES UN DELITO.

Como dicta el sentido común, nadie regala nada por nada, y menos sin esfuerzo y a un desconocido.

Los caminos para blanquear dinero, de origen ilegal, a menudo se transitan utilizando  “mulas”.

¿Y qué se entiende por una “mula” en el ámbito de blanqueo de capitales?. Una “mula” es alguien que transfiere -generalmente a otros países- dinero de origen ilegal, que él recibe previamente de un tercero en su cuenta corriente, a cambio de una comisión por hacerlo (le ingresan, p.e, 3.000€, para que él transfiera 2.910€, con lo que obtiene una ganancia -“sin ningún esfuerzo”- de 90€).

¿Y cómo contacta este tercero con la posible “mula”?. Generalmente vía e-mail, con mensajes en grupos cerrados de redes sociales, por WhatsApp y otras aplicaciones de mensajería instantánea, y casi siempre con apariencia de “ofertas de trabajo” (incluso “copiando” el sitio web de una empresa real, con una dirección URL parecida a ésta).

¿Quiénes son los “candidatos preferidos a muleros” que buscan estas organizaciones criminales?. Preferentemente personas recién llegadas a un país, desempleados, estudiantes y personas con dificultades económicas, con una franja de edad de 18 a 34 años y, preferentemente, hombres.

Desconfía si:

  • Recibes comunicaciones de desconocidos con la promesa de “dinero fácil”.
  • Recibes ofertas de trabajo con salarios elevados, sin tener que dedicar demasiado esfuerzo, y en los que no se necesita ni experiencia ni cualificación profesional ni académica.
  • Son ofertas de trabajo que no describen qué es lo que vas a tener que hacer, pero sí que debes tener y utilizar una cuenta bancaria; y que buscan “agentes locales” para que actúen en su nombre.
  • El contacto con este “empleador” es siempre vía “on line”.
  • Generalmente, el redactado de las comunicaciones es incorrecto gramatical y ortográficamente.

Ante estas posibles situaciones… ¿qué hacer?.

  • No contestes ni hagas “clic” en ningún link.
  • Trata de informarte de la empresa que ofrece este “trabajo”.
  • Jamás des los datos de tu cuenta corriente, salvo a conocidos o a personas de confianza.

Si, pese a todo, crees que te están utilizando como “mula”, contacta con tu banco, haz la denuncia y deja de transferir dinero inmediatamente.

LISTADO ACTUALIZADO DEL GAFI (FEBRERO 2016)

En su reunión plenaria de la semana pasada celebrada en París, el GAFI redujo a 13 los países integrantes de su “listado de países con deficiencias en sus sistemas contra el blanqueo de capitales en distintos grados. En 2011 eran 47 los países.

(2) Irán y Corea del Norte se mantienen en la lista de países a los que el GAFI llama a sus miembros, y otras jurisdicciones, a aplicar contramedidas para proteger sus sistemas financieros de los riesgos de blanqueo de capitales y de financiamiento del terrorismo que emanan de estos dos países.

(11) Afganistán, Bosnia & Herzegovina, GuyanaIraq, Laos PDR, Myanmar, Papúa Nueva Guinea, Siria, Uganda, Vanuatu  y  Yemen están en la lista de países identificados con deficiencias estratégicas y que han elaborado con el GAFI un plan de acción de mejora y cumplimiento para superarlas. Estos países, que se encuentran en distintas situaciones, han presentado por escrito un alto nivel de compromiso político para solventar las deficiencias.

REGISTRO EN EL ICBC (Banco Comercial e Industrial de China)

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en colaboración con la Fiscalía Anticorrupción, registraron ayer la sede del Banco Comercial e Industrial de China (ICBC) de Madrid por la supuesta realización de operaciones de blanqueo de capitales. La Guardia Civil detuvo a cinco directivos del banco chino ICBC.

En un comunicado de la Guardia Civil se indica que “las investigaciones evidenciarían cómo, desde la sucursal en Madrid del banco ICBC, se facilita la introducción en el circuito financiero de fondos cuyo origen se encuentra en la supuesta comisión de delitos de contrabando, contra la Hacienda Pública y contra los derechos de los trabajadores”. El banco supuestamente posibilitaba la transferencia de estos fondos a China “dotándoles de la apariencia de legalidad suficiente”.

La operación de ayer tiene su origen en la denominada “Operación Snake” (mayo 2015)  con más de 30 detenidos vinculados con la mafia china a los que se les acusaba de diversos delitos, entre ellos el de blanqueo de capitales.

El ICBC se habría utilizado para desviar dinero a China y para blanquear capitales, por unos 300 millones de euros. Ya entonces, se evidenció una conexión entre el banco chino y la trama desarticulada en mayo en lo que a blanqueo de capitales se refiere, puesto que se detectó que el ICBC servía para ingresar los beneficios y, ya en distintas cuentas, mover el dinero en el circuito financiero. De este modo, trasferían supuestamente a China grandes cantidades de dinero procedentes de este contrabando con apariencia totalmente legal, pues la entidad les “facilitaba” estas operaciones.