INFORME SOBRE EL DERECHO A SER OLVIDADO DEL CONSEJO ASESOR DE GOOGLE

El derecho a salir de Google no debe ser universal.

Esta es la conclusión a la que ha llegado el  Consejo asesor para Google (órgano consultivo para asumir su obligación de velar por el borrado de enlaces de información personal en su buscador) en su Informe sobre el derecho a ser olvidado.

  • “Se ha de prestar especial atención al contenido de las solicitudes de borrado, ya que los datos del sujeto pueden estar circunscritos a su rol público. Por ejemplo, podría haber un interés en tener información sobre nepotismo familiar a la hora de contratar”.
  • “Las solicitudes de borrado de  políticos, CEOs, líderes religiosos, estrellas del deporte, artistas escénicos, son menos susceptibles de justificarse, ya que el público tendrá generalmente un interés predominante en encontrar información sobre ellos a través de una búsqueda de su nombre”.

Este órgano consultivo, en su Informe, divide a las personas en tres categorías según su relevancia social.

  • Si son figuras públicas, recomiendan la máxima exigencia para borrar los enlaces.
  • Si no tienen “un rol discernible en la vida pública”, consideran que estas solicitudes ya están de por sí “más justificadas” para proceder al borrado.
  • La tercera categoría son las personas con un “rol público en un contexto específico o limitado” (directores de escuelas, empleados públicos o cualquier persona con un papel social en su profesión para una comunidad determinada). En este tercer caso el consejo considera que no hay un plus ni para admitir el borrado ni para denegarlo, sino que dependerá de la información concreta que solicite el afectado.

El Informe también concluye que “no existe el derecho al olvido”. Lo que se ha requerido (y no tan solo a Google) es la eliminación de los enlaces que devuelve una búsqueda basada en el nombre de un individuo cuando estos resultados sean “inadecuados, irrelevantes o ya no relevantes o excesivos”.

Si la proyección social de la persona juega un papel en este derecho al desindexado, también lo es la información de la que se solicite el borrado. La vida sexual tendrá siempre la balanza más de cara al solicitante que al interés del público.

Por lo que se refiere a los temas de interés periodístico, el informe los blinda: “cualquier declaración de un político o un líder religioso; cualquier tipo de artículo de opinión sobre un debate relevante; cualquier información sobre salud o consumo; cualquier información factual o veraz que no ponga a nadie en riesgo o cualquier contenido relativo a memoria histórica; no deberán borrarse”. Sin embargo, “si se trata de información sensible de gobiernos, empresas o particulares como contraseñas, documentos de identificación o direcciones personales se deberá primar la solicitud de borrado. También cuando la información publicada en la red sobre quien solicita el borrado sea falsa”.

Concluye el Informe que “desde nuestro punto de vista, es importante que Google haga públicas sus líneas maestras sobre qué solicitudes tienen buena probabilidad de ser aceptadas y, hasta donde sea posible, proporcionar información estadística sobre las decisiones adoptadas, para que el individuo pueda valorar los beneficios de cursar una solicitud“.

CIERRA “GOOGLE NEWS” EN ESPAÑA

Google ha anunciado hoy que el 16 de diciembre cerrará su servicio “Google News” en España, que es un producto gratuito que incluye desde los diarios generalistas más importantes hasta pequeñas publicaciones locales, medios especializados y blogs, y que añade un valor real a todas estas publicaciones al dirigir el tránsito de usuarios a sus sitios web, lo cual a su vez les ayuda a generar ingresos publicitarios.

Y lo hace como respuesta a la nueva ley estatal de propiedad intelectual que entrará en vigor el 1 de enero, y que obligaría a la compañía -y a los otros indexadores/agregadores de noticias- a pagar la conocida como “tasa Google”, una cuota que tendrán que abonar a los editores de diarios a cambio de indexar sus informaciones. Además de cerrar el acceso al servicio desde el territorio estatal, Google también dejará de indexar todos los medios españoles, que no se podrán consultar tampoco desde el extranjero.

Google recuerda que el servicio “no genera ingresos” porque no muestra publicidad.

LA DIRECTIVA EUROPEA “SRI” QUE VIENE…

Parece ser que tanto Google como Cisco estarían presionando en Bruselas para ser excluidos de la nueva Directiva sobre la Seguridad de las Redes y los Sistemas de Información (SRI: Seguridad de las Redes y de la Información), sobre “ciberseguridad” ya que la directiva les obligaría a adoptar medidas estrictas de seguridad (que podrían incurrir en costes adicionales de cumplimiento adicionales) así como a informar a las autoridades nacionales de violaciones de seguridad graves en sus propias redes y sistemas.

Mientras que los legisladores de la UE quieren que la ley cubra únicamente sectores que consideran críticos (energía, transporte y finanzas) la Comisión -el Ejecutivo de la UE – y algunos países como Alemania y Francia están presionando para incluir a los proveedores de servicios “en la nube” (cloud), redes sociales, buscadores y plataformas de comercio electrónico, ya que su uso se ha generalizado tanto por personas como por empresas.

Actualmente no existe una ley europea sobre “ciberseguridad” y tan sólo los operadores de telecomunicaciones están sujetos a requisitos de notificación de incidentes.

GOOGLE Y SU IRRESPONSABILIDAD EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS (según el Director de la AEPD)

En una entrevista concedida al periódico El Mundo, el director de la AEPD (José Luis Rodríguez) indica que ”la Agencia Española de Protección de Datos considera que Google es una de las empresas que actúa de manera más irresponsable, en el sentido de que aprovecha todos los resquicios del ordenamiento para intentar eludir responsabilidades. Incluso cuando el ordenamiento es claro, aprovecha todos los procedimientos para establecer recursos, para dilatar el cumplimiento“. Esta  empresa tecnológica es el “ejemplo negativo” de abordaje de la protección de datos en la era de Internet”. Y todo y que existe una tendencia -entre las empresas tecnológicas que actúan globalmente- a aprovechar esta estructura, esta característica de actuar en varios estados, para intentar no asumir responsabilidades en ninguno de ellos, Rodríguez indica que “no todas las empresas son iguales”; la graduación entre estas empresas es distinta: las hay más responsables y las hay que menos, si bien ”ninguna ha llegado al extremo de ignorar un requerimiento formulado por 28 autoridades de protección de datos de la UE, como sí ha hecho Google.

Actualmente existen asimetrías en las potestades que tienen las distintas autoridades nacionales europeas de protección de datos, y “son estas diferencias las que están siendo utilizadas por algunas compañías para localizarse en estados donde las autoridades son más débiles”. El futuro reglamento europeo de protección de datos, según Rodríguez, otorgará a todas las autoridades europeas de protección de datos las mismas competencias y la capacidad de investigar y sancionar. Este nuevo reglamento contemplará también el que la normativa europea se aplique tanto a las empresas europeas como a las que actúan tratando datos de ciudadanos europeos aunque lo hagan fuera del territorio de la UE; también reconoce que la tramitación de este nuevo reglamento europeo está resultando ”demasiado lenta” debido a la complejidad de asuntos que regula, al impacto que tiene en otros ámbitos y a las “reticencias muy fuertes” que está generando en grandes corporaciones internacionales.

Dice también que no es que exista una fijación con esta empresa por parte de las autoridades europeas de protección de datos; lo que ocurre es que, por sus características, “Google es la que más impacto tiene y más lesión está causando”.

(http://goo.gl/UiWlSU)

 

ITALIA DA A GOOGLE 18 MESES PARA CAMBIAR SUS PRÁCTICAS DE USO DE DATOS

18 meses. Finalizando la investigación -que forma parte de la campaña europea para reformar las prácticas de privacidad de Google– éste es el plazo que Italia le ha dado  a Google para que cambie la forma de tratamiento y almacenamiento de datos.

En 2013 el buscador de Internet unificó en una sola sus 60 políticas de privacidad (YouTube, Gmail y la red social Google+) sin dar opción alguna a los usuarios. Italia considera que la información que da Google a sus usuarios sobre cómo se están tratando sus datos sigue siendo insuficiente, a pesar de que la empresa había dado pasos para cumplir con las leyes locales.

Francia y España ya han sancionado a Google por incumplir las leyes nacionales de protección de datos. En el Reino Unido, el plazo finalizó el 20 de septiembre de 2013, sin que se haya confirmado la adopción de medidas por parte de Google.

Holanda también estudia la posibilidad de tomar medidas coercitivas, que pueden incluir multas, al encontrar -en noviembre 2013- que la política de privacidad de Google violaba la ley local.