LÍMITES AL DERECHO AL OLVIDO ( II )

Antes de irnos de vacaciones publicamos un artículo referido a los límites que, a nivel de jurisprudencia, se van estableciendo sobre el denominado derecho al olvido. En ese artículo, los límites venían fijados por los derechos al honor, la intimidad personal y la propia imagen.

A raíz de la Sentencia de la Audiencia Nacional, SAN 2433/2017 de 11 de mayo de 2017, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de mayo de 2017, trataremos ahora de los límites en base a los derechos de información y a la libertad de expresión.

En la citada sentencia de la Audiencia Nacional, un médico en activo solicitaba a Google la retirada o supresión de unos contenidos de un foro público de discusión online, que incluían comentarios negativos sobre su profesionalidad, o en el ejercicio de su especialidad profesional. Google denegó el ejercicio al derecho al olvido amparándose en que la permanencia de los comentarios, referidos a la búsqueda de su nombre y apellidos, estaban justificados por el interés público en tener acceso a los mismos.

Ante tal respuesta, el médico instó un procedimiento de tutela de derechos ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), que estimó la pretensión del denunciante, desestimándose así mismo el recurso de reposición interpuesto ante la AEPD por Google, visto lo cual, Google interpuso recurso contencioso administrativo, que resolvió la Audiencia Nacional.

La resolución al caso únicamente puede realizarse mediante la adecuada ponderación de los derechos enfrentados;  en este caso, el derecho a la protección de datos y el derecho a las libertades de expresión e información.

El derecho a la protección de datos es más amplio que el derecho a la intimidad, e incluye no sólo datos íntimos de la persona, sino cualquier tipo de dato personal, alcanzando también a aquellos datos personales públicos (en el caso que nos ocupa, datos profesionales). El derecho a la protección de datos atribuye a su titular una serie de facultades, como el ejercicio de los derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación y oposición) garantizándole así el poder de disposición sobre las informaciones personales.

La libertad de expresión es más amplia que la libertad de información ya que, a pesar de que ambos son derechos individuales de toda persona física, en la libertad de expresión no opera -en su ejercicio- el límite interno de veracidad aplicable a la última, teniendo por objeto ideas, opiniones o juicios de valor subjetivos que no precisan demostración de exactitud.

No obstante, la protección de otros derechos constitucionales, como puede ser el derecho a la protección de datos, se ven afectados frente a la libertad de expresión e información cuando se ejercitan en relación con asuntos de interés general, bien por las materias a las que se refieren, bien por las personas que en ellos intervengan. En este caso, es una persona implicada en asuntos de relevancia pública, obligada a soportar cierto riesgo de que sus derechos de la personalidad resulten afectados por opiniones o informaciones de interés general. A este respecto, en diversa jurisprudencia, ya se ha venido excluyendo -del ámbito de aplicación de la LOPD- a los empresarios individuales o profesionales sobre aquellas informaciones referidas a la vida pública, la actividad empresarial o profesión ejercitadas, aplicando la LOPD únicamente a la esfera íntima o personal del empresario individual o profesional.

A efectos del presente caso, cabe destacar que la información publicada en el foro de opinión concernía a opiniones de pacientes y/o usuarios de los servicios prestados por el médico referentes a la esfera profesional del demandante, no a su esfera íntima o personal.

La Audiencia Nacional ya se había pronunciado en anteriores ocasiones con respecto al ámbito de protección de la LOPD -circunscribiéndose únicamente a las personas físicas- aludiendo a cualquier información concerniente a dichas personas físicas, no a cualquier opinión referente a las mismas, quedando las opiniones al margen del ámbito protector de la LOPD. En la misma línea se pronuncia la Audiencia Nacional en la sentencia SAN 2287/2009 de 8 de mayo de 2009.

Por lo tanto, y tomando en consideración el carácter profesional de los datos publicados, la relevancia pública -al menos en el ámbito sanitario de la persona a la que se refieren dichos datos- y tratándose de opiniones o comentarios vertidos en un foro de discusión, y no de informaciones sujetas al límite interno de veracidad y, sobre todo, a que debe prevalecer el interés público de los internautas y futuros pacientes a conocer -respecto de un médico en activo- las experiencias y opiniones manifestadas por otros usuarios del mismo profesional, la Audiencia Nacional estimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Google frente a las resoluciones de la AEPD, anulándolas, dada su disconformidad en derecho, de tal modo que los contenidos y opiniones relativos al médico en el foro de discusión permanecerán en los resultados del buscador.

En síntesis: la LOPD no ampara datos profesionales de empresarios individuales o profesionales, así como tampoco da cobertura o protección sobre opiniones; y, en base a la libertad de expresión de los internautas, y al interés general de futuros pacientes o usuarios, dichas opiniones o informaciones referidas a un profesional con relevancia pública, deben permanecer, no pudiéndose hacer uso del derecho al olvido para construir una reputación al gusto.

LÍMITES AL DERECHO AL OLVIDO ( I )

El derecho al olvido, entendido como un derecho instrumental al derecho a la protección de datos y muy ligado al derecho al honor, la intimidad personal y la propia imagen, forma parte de los derechos de la personalidad pero, como estos, no es un derecho absoluto; y así está quedando patente a medida que se genera jurisprudencia al respecto. Los Jueces y Tribunales se encargan de delimitar el alcance del derecho al olvido cuando éste entra en conflicto con otros derechos.

En su sentencia STS 2675/2017 de 6 de julio de 2017, el Tribunal Supremo dirime esta cuestión ponderando la colisión del derecho al honor y la propia imagen, y el derecho al olvido, con el derecho a la libertad de información.

El recurso de casación fue interpuesto por un hombre absuelto de asesinato ante la demanda de tutela de derecho al honor y a la propia imagen formulada a un periódico, que publicó un artículo (que recogía la información del juicio y la absolución del acusado) en el que no se mencionaba su nombre y ni sus apellidos, acompañado de una fotografía del mismo tomada durante el juicio (artículo que el periódico mantenía en su hemeroteca digital aunque el demandante había sido absuelto).

La parte recurrente solicitaba a la editora del medio a indemnizar el daño moral y a retirar los archivos de medios informáticos, no sólo de la hemeroteca del periódico, sino también la supresión y prohibición de la indexación de la noticia por los motores de búsqueda, en ejercicio del derecho al olvido.

La sentencia desestima el recurso de casación atendiendo a la inexistencia de vulneración ilegítima del derecho al honor y a la propia imagen, determinando la prevalencia del derecho a la información sobre los derechos de la personalidad del afectado, dado que la información divulgada era veraz, se refería a asuntos de interés general o relevancia pública, y no se sobrepasaba el fin informativo, al no habérsele dado un matiz injurioso, denigrante o desproporcionado.

Así mismo, la sentencia remarca la improcedencia de invocar el derecho al olvido digital. En primer lugar, porque su concreción en buscadores no corresponde al medio de comunicación, si no a los titulares de los buscadores de Internet; y porque, además, la noticia original omite el nombre y apellidos del demandante, mostrando únicamente una fotografía tomada durante el acto del juicio, por lo que no es posible la indexación que realizan los motores de búsqueda, cuyos resultados se obtienen con la introducción, principalmente, de estos datos personales: nombre y apellidos.

Si bien es cierto que la imagen de una persona es un dato personal, el demandante no alega que existan medios técnicos que permitan utilizar la imagen como término de búsqueda en un motor de búsqueda de Internet, que permita realizar un perfil de la persona incluyendo informaciones obsoletas y/o gravemente perjudiciales para su reputación o vida privada. Además, añade la sentencia, tampoco concurre el requisito de la desaparición del interés público exigido por la jurisprudencia, dado que el tiempo transcurrido (la demanda se presentó apenas dos años después del juicio) no convertía en desproporcionado el tratamiento respecto a la imagen del demandante que ilustra la noticia.

El derecho al olvido, reitera el Tribunal, no ampara la alteración del contenido de la información original lícitamente publicada (en concreto, el borrado del nombre, apellidos o cualquier otro dato personal que constara en la misma). Tampoco ampara la supresión de la posibilidad de búsqueda específica de la noticia en su integridad del propio buscador interno de la hemeroteca digital. Incluso si en la información aparecen datos personales cuya utilización en un motor de búsqueda permite el acceso a ella tiempo después (de modo que permitiera que el tratamiento de los datos personales pudiera vincularlos a la información perjudicial para el afectado) no estaría justificada la supresión de dichos datos personales del código fuente, y sólo estaría justificada la prohibición de indexarlos para permitir las búsquedas por los motores generalistas, no así por el motor de búsqueda interno de la hemeroteca digital. La pretensión del recurrente carece de fundamento cuando la información publicada no contenía datos personales tan relevantes, como su nombre y su apellido del concernido por la información que permitieran realizar esa búsqueda en Internet.

Así pues, además de concurrir los requisitos que conocíamos hasta ahora para el ejercicio del derecho al olvido, parece que será determinante la tipología concreta del dato que pretenda eliminarse en relación a los criterios o elementos de búsqueda en los buscadores existentes, siempre en ponderación con el resto de derechos implicados y el principio de la proporcionalidad en el tratamiento de los datos.

El RGPD UE/679/2016 reconoce el derecho al olvido en su artículo 17 (Derecho de supresión) estableciendo las causas por las que el interesado puede solicitar el ejercicio del mismo ante el responsable del tratamiento.

“Derecho al Olvido” y eliminación de fotos y vídeos de internet

De la “Guía para el ciudadano” publicada por la Agencia Española de Protección de Datos, y que podemos encontrar en su web, extraemos el punto

4.5: “Derecho al Olvido” y eliminación de fotos y vídeos de Internet

La AEPD fue pionera al considerar que el tratamiento de datos que realizan los motores de búsqueda de Internet, como Google, Bing o Yahoo, está sometido a la normas de protección de datos de la Unión Europea, y que los ciudadanos pueden solicitar, bajo ciertas condiciones, que los enlaces a sus datos personales no aparezcan en los resultados de una búsqueda realizada por su nombre y apellidos. Este criterio de la AEPD fue avalado en el año 2014 por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y se ha popularizado como “derecho al olvido”.

¿En qué consiste? Te lo explicamos a través de seis puntos clave.

  1. Supone aplicar los derechos de cancelación y oposición a los buscadores para impedir la difusión de la información cuando ésta es obsoleta o no tiene relevancia ni interés público.
  2. Si se estima tu pretensión, la información no aparecerá en los resultados de búsquedas, pero seguirá publicado en la fuente original.
  3. Se debe valorar caso a caso para lograr un equilibrio entre los diferentes derechos e intereses afectados.
  4. Si los buscadores deniegan tu pretensión puedes interponer una reclamación ante la AEPD.
  5. Los principales buscadores, Google, Yahoo y Bing, han habilitado formularios para facilitar su ejercicio. Puedes encontrarlos en la sección web de la AEPD sobre el “Derecho al Olvido”.
  6. Puedes ejercitarlo ante los buscadores sin necesidad de acudir a la fuente original de publicación.

Por lo que se refiere a la eliminación de fotos y vídeos que han sido publicados en internet sin tu consentimiento, puesto que ambos ostentan la consideración de datos personales, puedes ejercitar el derecho de cancelación de los mismos. Para ello debes dirigirte, acreditando tu identidad e indicando los enlaces donde aparecen los vídeos y fotos, ante quien los haya subido a la red, solicitando por tanto, el borrado de los mismos. Si no te responden o la respuesta es insatisfactoria, puedes interponer una reclamación de tutela de tu derecho ante la Agencia. Por otra parte, las redes sociales más populares ofrecen servicios de ayuda que permiten poner en su conocimiento, a través de sus propios formularios, cuándo se ha producido una vulneración de la privacidad o contenidos inapropiados. Algunos de estos servicios son los siguientes:

Facebook:

https://www.facebook.com/help/428478523862899 (servicio de ayuda)

Google:

https://support.google.com/legal/troubleshooter/1114905?hl=es (retirada de contenido)

https://support.google.com/youtube/answer/2802268?hl=es (Youtube, denuncia abuso o  acoso)

https://support.google.com/youtube/answer/142443?hl=es (Youtube, vulneración de la privacidad)

https://support.google.com/youtube/answer/2802002?hl=es&ref_topic=2803176 (Youtube, denunciar contenidos sexuales)

https://support.google.com/youtube/answer/2802008?hl=es&ref_topic=2803176 (Youtube, denunciar contenidos violentos)

Instagram:

https://help.instagram.com/122717417885747/?ref=hc_fnav (contenido publicado sin consentimiento)

https://help.instagram.com/165828726894770/?ref=hc_fnav (conductas abusivas)

https://help.instagram.com/547601325292351 (hostigamiento o acoso)

Twitter:

https://support.twitter.com/forms/private_information (publicación información privada)

https://support.twitter.com/forms/impersonation (usurpación de identidad)

https://support.twitter.com/forms/impersonation (acoso)

https://support.twitter.com/forms/spam (vídeos ofensivos)

https://support.twitter.com/articles/108038#specific-violations (otros supuestos)

EL POSIBLE “NO DERECHO AL OLVIDO” DE LAS PERSONAS QUE EJERCEN UN PAPEL EN LA VIDA PÚBLICA

El derecho al olvido no se aplica de igual manera a las personas que ejercen un papel en la vida pública. Ya en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo (del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen) se establece que el derecho a la propia imagen “no impedirá su captación, reproducción o publicación por cualquier medio, cuando se trate de personas que ejerzan un cargo público o una profesión de notoriedad o proyección pública, y la imagen se capte durante un acto público o en lugares abiertos al público, ni tampoco cuando predomine un interés histórico, científico o cultural relevante”.

Este puede ser, por ejemplo, el caso reciente de la Infanta Cristina de Borbón, que tuvo una gran trascendencia en la opinión pública dada la gravedad y la actualidad de los hechos, que acabó con su marido -Iñaki Urdangarín- condenado a seis años y tres meses de prisión y a que ella, a pesar de haber sido absuelta de delito fiscal, tuvo que abonar una importante cantidad al atribuírsele la participación a título lucrativo.

De llegar a solicitarlo en un futuro, quizá a la Infanta no se le llegue a reconocer el derecho al olvido de todas las filmaciones del “caso Nóos” (entre ellas, las imágenes de la Infanta sentada en el banquillo de los juzgados de Palma de Mallorca) debido a que -siendo quien es- podría considerarse un hecho de interés histórico, amén de que las imágenes fueron captadas con su conocimiento y en lugares públicos.

¡ QUE ME OLVIDES…!

… pero no en el caso del Registro de Sociedades.

Y es que un ciudadano italiano -que había sido administrador único de una sociedad que entró en concurso de acreedores a primeros de los noventa y que finalmente se liquidó en el año 2005- solicitó el Derecho de supresión digital (el denominado “derecho al olvido”) de sus datos personales que aparecían en los registros de la sociedad. Y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha resuelto que no puede aplicarse en lo que a los datos personales que se recogen en los registros de sociedades.

Con esta resolución, siguen quedando patentes los límites y los ámbitos de aplicación del “derecho al olvido”.

Y no lo aclara mucho más la resolución que indica, entre otros puntos, que los Estados podrían establecer el acceso restringido de terceros a estos datos en casos excepcionales “tras la expiración de un plazo suficientemente largo”.

ELIMINAR TUS FOTOS Y VÍDEOS DE INTERNET

Si aparece en Internet, y sin tu consentimiento, una fotografía o vídeo con tu imagen (que, evidentemente, es un dato de carácter personal) has de saber que la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) reconoce a las personas el derecho a que sus datos personales inadecuados o excesivos se supriman cuando así lo soliciten.

Si después de haberte dirigido al responsable de la publicación -por un medio que permita acreditarlo- este responsable del tratamiento de datos no te ha respondido en el plazo establecido, o si consideras que la respuesta no ha sido adecuada, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) tutelará tu derecho de cancelación. Este ejercicio del derecho de cancelación sólo puede solicitarlo el afectado o, en caso de tratarse de menores de 14 años, sus padres o tutores legales.

Siempre que las circunstancias lo permitan, es recomendable contactar con quien subió el contenido solicitándole su eliminación. Tanto si optas por dar ese paso como si no lo haces, es imprescindible que te dirijas a la empresa u organismo que está tratando/difundiendo esos datos (a la red social o página web en la que se han publicado esas imágenes o vídeos) acreditando tu identidad e indicando qué enlaces son los que contienen los datos que quieres cancelar.

La empresa debe resolver sobre la solicitud de cancelación en el plazo máximo de diez días a contar desde la recepción de la misma. Transcurrido ese plazo sin que de forma expresa te respondan a la petición, o si no consideras satisfactoria su respuesta, puedes interponer la correspondiente reclamación de tutela ante la AEPD, acompañando la documentación acreditativa de haber solicitado la cancelación ante la entidad de que se trate. Este punto es muy importante, ya que si no puedes acreditar que has ejercido en primer lugar tu derecho de cancelación ante quien está tratando/difundiendo esas imágenes o vídeos la AEPD no podrá ayudarte.

Las redes sociales más populares disponen de mecanismos establecidos para comunicarles vulneraciones de la privacidad o contenidos inapropiados mediante sus propios formularios.

GOOGLE ESPAÑA NO ES RESPONSABLE DEL “DERECHO AL OLVIDO”

El Tribunal Supremo (TS) ha dictaminado que Google España no es responsable del “derecho al olvido ya que sólo Google Inc. –Estados Unidos es responsable del tratamiento en cuanto le corresponde en exclusiva la determinación de los fines, las condiciones y los medios del tratamiento de datos en cuestión.

Así lo ha establecido el alto tribunal en una sentencia en la que determina que corresponde al responsable del tratamiento de los datos personales “garantizar que el tratamiento de los datos se ajusta a los principios y condiciones de la normativa reguladora y asumir las correspondientes obligaciones al respecto frente al interesado.

De este modo, el TS considera que ha lugar al recurso de casación interpuesto por Google España contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional del 29 de diciembre de 2014, que avalaba la resolución del director de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) de 13 de diciembre de 2011, en la que estima la reclamación formulada por José Carlos Fernández-Villaverde Silva contra la compañía.

La AEPD instaba a dicha entidad, como representante en España de la compañía estadounidense del sitio web www.blogspot.com, para que adoptase y realizase “las gestiones necesarias en orden a la exclusión de los datos personales del interesado contenidos en los blogs objeto de la presente tutela de derechos“. El Tribunal Supremo ha declarado la nulidad de las resoluciones de la AEPD argumentando que es el gestor del motor de búsqueda -en este caso Google Inc. Estados Unidos– quien determina los fines y los medios de esta actividad y, por lo tanto, el responsable del tratamiento.

Nota informativa publicada por la Agencia Española de Protección de Datos en su sitio web en referencia a esta noticia:

 “En relación con la sentencia del Tribunal Supremo que clarifica ante quién deben dirigirse las peticiones de “derecho al olvido”, la AEPD recuerda que la forma en la que los ciudadanos pueden ejercer este derecho frente a Google se mantiene intacta.

La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha hecho pública una sentencia en la que clarifica ante quién deben dirigirse las peticiones de “derecho al olvido”.

La forma en la que los ciudadanos pueden ejercer su “derecho al olvido” frente a Google se mantiene intacta. Los usuarios pueden seguir dirigiéndose a Google, por ejemplo, a través del formulario que la compañía mantiene habilitado en español desde el 30 de mayo de 2014. Del mismo modo, si Google deniega la solicitud del interesado o éste no estuviera conforme con la decisión de la compañía, podrá seguir solicitando la tutela de la Agencia en los mismos términos en que podía hacerlo hasta ahora.

En todo caso, es necesario subrayar que la sentencia no supone que los interesados no puedan ejercer sus derechos conforme a lo previsto en la LOPD ni que deje de aplicarse la Ley española. Tampoco modifica los principios y criterios de ponderación que estableció el TJUE en su sentencia, sino que aclara que el destinatario de las solicitudes deberá ser Google Inc.

La Agencia informa de que los ciudadanos afectados directamente por la anulación de las sentencias de la Audiencia Nacional pueden garantizar su derecho del siguiente modo:

– Comprobando, en primer término, si Google ha vuelto a indexar los enlaces. En caso afirmativo, solicitando el ejercicio de su ‘derecho al olvido’ a través del formulario que la compañía tiene habilitado.

– Si la entidad no responde a la petición realizada o el ciudadano considera que la respuesta que recibe no es la adecuada, puede seguir solicitando la tutela de la Agencia Española de Protección de Datos frente a Google.”

MEJORAS EN EL “DERECHO AL OLVIDO” EN GOOGLE

Google evitará mostrar los resultados excluidos a cualquier usuario, que acceda desde un país europeo, usando tecnología de geolocalización.

Los links ya habían dejado de mostrarse simultáneamente en las versiones europeas de Google (google.es, google.fr, google.co.uk, etc.); ahora además (y basándose en la dirección IP y otros elementos) Google utilizará además tecnología de geolocalización para determinar dónde se ubican sus usuarios, y evitar así mostrar los resultados cuestionados también en el resto de dominios pertenecientes a Google, pero siempre que el acceso se realice en el ámbito geográfico europeo: quiénes se encuentren fuera del mismo podrán seguir accediendo sin problemas a los resultados “sin olvido”. Este cambio se llevará a cabo de modo retroactivo.

Ahora, con esta variación, Google respetará la normativa europea al mismo tiempo que garantizará que sus usuarios puedan acceder a toda la información legalmente disponible en la zona en que se hallen en cada momento.

Fuentes de Google indican que:

“Creemos que esta capa adicional de exclusión nos permite proporcionar las mejoras que los reguladores europeos nos exigen, al mismo tiempo que defendemos los derechos de las personas de otros países para acceder a la información publicada legalmente. Desde mayo de 2014 hemos trabajado duro para encontrar un equilibrio justo en la implementación del fallo de las autoridades europeas. A pesar de los desacuerdos ocasionales, hemos mantenido el diálogo y la colaboración con las autoridades de protección de datos. Y estamos comprometidos a continuar trabajando de esta manera”.

HERENCIA DIGITAL

Se calcula que, cada minuto, mueren 3 usuarios de Facebook. Casi dos millones al año. Usuarios que habían colgado en la red fotos, datos, escritos, vivencias…

Regular toda esta información -no solo de Facebook, ni de los usuarios que van falleciendo- se plantea como una cuestión de interés general. Y parece ser que Francia va a ser la primera “en poner orden” en la red con la aprobación (el texto está pendiente de la tramitación del Senado y entrará en vigor en primavera) de un ley para una República Digital que aspira a cubrir algunos de los vacíos legales, (ya que en un sector en constante evolución es imposible cubrir todos los frentes) estableciendo nuevos derechos digitales como, por ejemplo, el “derecho a la muerte digital” para poder permitir a todos los individuos “organizar, en vida, las condiciones de conservación y de comunicación de sus datos personales después de su muerte”, designando a la persona que se ocupará de gestionar su herencia digital, una especie de albacea con autorización para acceder a las cuentas y eliminar o mantener las que deseara el interesado, así como la forma de comunicar su muerte. Este albacea puede ser una persona ajena a la familia, pero los herederos podrán tener acceso a los datos relacionados con la sucesión. Si no se ha nombrado a este administrador del patrimonio virtual, serán los familiares más directos quienes decidan qué hacer con los contenidos de las redes sociales. Se trata de una iniciativa pionera en Europa.

En la actualidad, las distintas redes sociales ofrecen su propia solución funeraria para dar de baja al usuario tras su muerte, acreditando el parentesco o una relación directa, acompañado del certificado de defunción. Facebook o Google también han puesto en marcha la creación de la figura del heredero digital. Tras un período de tiempo, la cuenta desaparece de las pantallas, pero los datos que contiene quedan almacenados. Técnicamente pertenecen a la plataforma.

La ley francesa regula también el controvertido “derecho al olvido” en la red para los menores de edad. La medida tiene en cuenta que los jóvenes, masivamente presentes en las redes sociales, no son siempre conscientes de los riesgos a los que se exponen.

DERECHO AL OLVIDO: SÍ, PERO…

En los años ochenta, dos personas estuvieron implicadas en el tráfico y consumo de drogas y posteriormente rehicieron su vida personal, familiar y profesional. Su caso aparecía en los motores de búsqueda de Internet y solicitaron la retirada de la noticia de la hemeroteca digital del diario nacional que la publicó. El medio lo rechazó, por lo que interpusieron una demanda en protección de su honor, intimidad y de sus datos personales.

Ahora, y por considerar que supone “una restricción excesiva de la libertad de información”, el pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha rechazado el que los medios de comunicación tengan que suprimir –de sus hemerotecas digitales– nombres y apellidos de condenados en el pasado. Pero ha aprobado una sentencia que, por primera vez, reconoce el “DERECHO AL OLVIDO DIGITAL” que obliga a los medios a impedir que las informaciones desfasadas sobre personas particulares aparezcan en los buscadores de Internet; considera justificado que los medios tomen medidas para que esas noticias no aparezcan en los buscadores de Internet, pero no que deban suprimirlos de sus hemerotecas digitales.

El Tribunal Supremo recalca que el llamado derecho al olvido digital no ampara “el que cada uno construya un pasado a su medida”, impidiendo la difusión de informaciones sobre hechos que no se consideren positivos”. Y que “es necesario ponderar el potencial ofensivo que para los derechos de la personalidad tiene la información publicada y el interés público en que esa información aparezca vinculada a los datos personales del afectado”.

El Tribunal Supremo cree que el interés informativo puede justificar que se mantengan en la hemeroteca y en los motores de búsqueda datos personales cuando se trata de personas de relevancia pública o existe un interés histórico. Pero matiza que esta vinculación a los datos personales de la información lesiva para el honor y la intimidad en una consulta por Internet va perdiendo su justificación a medida que transcurre el tiempo si las personas carecen de relevancia pública y los hechos, vinculados a esas personas, carecen de interés histórico”. Aunque el tratamiento de los datos pueda considerarse veraz, “ya no resulta adecuado para la finalidad con la que inicialmente fueron recogidos y tratados, y distorsiona gravemente la percepción que los demás ciudadanos tienen de la persona afectada, provocando un efecto estigmatizador e impidiendo su plena inserción en la sociedad”.

Sí considera justificado que, a petición de los afectados, los responsables de las hemerotecas digitales deban adoptar medidas tecnológicas, como la utilización de códigos robots.txt o instrucciones noindex… para que la página web de la hemeroteca digital en que aparezca la información obsoleta y gravemente perjudicial no pueda ser indexada por los buscadores de Internet. Sin embargo, rechaza la procedencia de eliminar los nombres y apellidos de la información recogida en la hemeroteca, o que los datos personales contenidos en la información no puedan ser indexados por el motor de búsqueda interno de la hemeroteca, pues considera que estas medidas suponen una restricción excesiva de la libertad de información vinculada a la existencia de las hemerotecas digitales.