LÍMITES AL DERECHO AL OLVIDO ( I )

El derecho al olvido, entendido como un derecho instrumental al derecho a la protección de datos y muy ligado al derecho al honor, la intimidad personal y la propia imagen, forma parte de los derechos de la personalidad pero, como estos, no es un derecho absoluto; y así está quedando patente a medida que se genera jurisprudencia al respecto. Los Jueces y Tribunales se encargan de delimitar el alcance del derecho al olvido cuando éste entra en conflicto con otros derechos.

En su sentencia STS 2675/2017 de 6 de julio de 2017, el Tribunal Supremo dirime esta cuestión ponderando la colisión del derecho al honor y la propia imagen, y el derecho al olvido, con el derecho a la libertad de información.

El recurso de casación fue interpuesto por un hombre absuelto de asesinato ante la demanda de tutela de derecho al honor y a la propia imagen formulada a un periódico, que publicó un artículo (que recogía la información del juicio y la absolución del acusado) en el que no se mencionaba su nombre y ni sus apellidos, acompañado de una fotografía del mismo tomada durante el juicio (artículo que el periódico mantenía en su hemeroteca digital aunque el demandante había sido absuelto).

La parte recurrente solicitaba a la editora del medio a indemnizar el daño moral y a retirar los archivos de medios informáticos, no sólo de la hemeroteca del periódico, sino también la supresión y prohibición de la indexación de la noticia por los motores de búsqueda, en ejercicio del derecho al olvido.

La sentencia desestima el recurso de casación atendiendo a la inexistencia de vulneración ilegítima del derecho al honor y a la propia imagen, determinando la prevalencia del derecho a la información sobre los derechos de la personalidad del afectado, dado que la información divulgada era veraz, se refería a asuntos de interés general o relevancia pública, y no se sobrepasaba el fin informativo, al no habérsele dado un matiz injurioso, denigrante o desproporcionado.

Así mismo, la sentencia remarca la improcedencia de invocar el derecho al olvido digital. En primer lugar, porque su concreción en buscadores no corresponde al medio de comunicación, si no a los titulares de los buscadores de Internet; y porque, además, la noticia original omite el nombre y apellidos del demandante, mostrando únicamente una fotografía tomada durante el acto del juicio, por lo que no es posible la indexación que realizan los motores de búsqueda, cuyos resultados se obtienen con la introducción, principalmente, de estos datos personales: nombre y apellidos.

Si bien es cierto que la imagen de una persona es un dato personal, el demandante no alega que existan medios técnicos que permitan utilizar la imagen como término de búsqueda en un motor de búsqueda de Internet, que permita realizar un perfil de la persona incluyendo informaciones obsoletas y/o gravemente perjudiciales para su reputación o vida privada. Además, añade la sentencia, tampoco concurre el requisito de la desaparición del interés público exigido por la jurisprudencia, dado que el tiempo transcurrido (la demanda se presentó apenas dos años después del juicio) no convertía en desproporcionado el tratamiento respecto a la imagen del demandante que ilustra la noticia.

El derecho al olvido, reitera el Tribunal, no ampara la alteración del contenido de la información original lícitamente publicada (en concreto, el borrado del nombre, apellidos o cualquier otro dato personal que constara en la misma). Tampoco ampara la supresión de la posibilidad de búsqueda específica de la noticia en su integridad del propio buscador interno de la hemeroteca digital. Incluso si en la información aparecen datos personales cuya utilización en un motor de búsqueda permite el acceso a ella tiempo después (de modo que permitiera que el tratamiento de los datos personales pudiera vincularlos a la información perjudicial para el afectado) no estaría justificada la supresión de dichos datos personales del código fuente, y sólo estaría justificada la prohibición de indexarlos para permitir las búsquedas por los motores generalistas, no así por el motor de búsqueda interno de la hemeroteca digital. La pretensión del recurrente carece de fundamento cuando la información publicada no contenía datos personales tan relevantes, como su nombre y su apellido del concernido por la información que permitieran realizar esa búsqueda en Internet.

Así pues, además de concurrir los requisitos que conocíamos hasta ahora para el ejercicio del derecho al olvido, parece que será determinante la tipología concreta del dato que pretenda eliminarse en relación a los criterios o elementos de búsqueda en los buscadores existentes, siempre en ponderación con el resto de derechos implicados y el principio de la proporcionalidad en el tratamiento de los datos.

El RGPD UE/679/2016 reconoce el derecho al olvido en su artículo 17 (Derecho de supresión) estableciendo las causas por las que el interesado puede solicitar el ejercicio del mismo ante el responsable del tratamiento.

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