LÍMITES AL DERECHO AL OLVIDO ( II )

Antes de irnos de vacaciones publicamos un artículo referido a los límites que, a nivel de jurisprudencia, se van estableciendo sobre el denominado derecho al olvido. En ese artículo, los límites venían fijados por los derechos al honor, la intimidad personal y la propia imagen.

A raíz de la Sentencia de la Audiencia Nacional, SAN 2433/2017 de 11 de mayo de 2017, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de mayo de 2017, trataremos ahora de los límites en base a los derechos de información y a la libertad de expresión.

En la citada sentencia de la Audiencia Nacional, un médico en activo solicitaba a Google la retirada o supresión de unos contenidos de un foro público de discusión online, que incluían comentarios negativos sobre su profesionalidad, o en el ejercicio de su especialidad profesional. Google denegó el ejercicio al derecho al olvido amparándose en que la permanencia de los comentarios, referidos a la búsqueda de su nombre y apellidos, estaban justificados por el interés público en tener acceso a los mismos.

Ante tal respuesta, el médico instó un procedimiento de tutela de derechos ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), que estimó la pretensión del denunciante, desestimándose así mismo el recurso de reposición interpuesto ante la AEPD por Google, visto lo cual, Google interpuso recurso contencioso administrativo, que resolvió la Audiencia Nacional.

La resolución al caso únicamente puede realizarse mediante la adecuada ponderación de los derechos enfrentados;  en este caso, el derecho a la protección de datos y el derecho a las libertades de expresión e información.

El derecho a la protección de datos es más amplio que el derecho a la intimidad, e incluye no sólo datos íntimos de la persona, sino cualquier tipo de dato personal, alcanzando también a aquellos datos personales públicos (en el caso que nos ocupa, datos profesionales). El derecho a la protección de datos atribuye a su titular una serie de facultades, como el ejercicio de los derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación y oposición) garantizándole así el poder de disposición sobre las informaciones personales.

La libertad de expresión es más amplia que la libertad de información ya que, a pesar de que ambos son derechos individuales de toda persona física, en la libertad de expresión no opera -en su ejercicio- el límite interno de veracidad aplicable a la última, teniendo por objeto ideas, opiniones o juicios de valor subjetivos que no precisan demostración de exactitud.

No obstante, la protección de otros derechos constitucionales, como puede ser el derecho a la protección de datos, se ven afectados frente a la libertad de expresión e información cuando se ejercitan en relación con asuntos de interés general, bien por las materias a las que se refieren, bien por las personas que en ellos intervengan. En este caso, es una persona implicada en asuntos de relevancia pública, obligada a soportar cierto riesgo de que sus derechos de la personalidad resulten afectados por opiniones o informaciones de interés general. A este respecto, en diversa jurisprudencia, ya se ha venido excluyendo -del ámbito de aplicación de la LOPD- a los empresarios individuales o profesionales sobre aquellas informaciones referidas a la vida pública, la actividad empresarial o profesión ejercitadas, aplicando la LOPD únicamente a la esfera íntima o personal del empresario individual o profesional.

A efectos del presente caso, cabe destacar que la información publicada en el foro de opinión concernía a opiniones de pacientes y/o usuarios de los servicios prestados por el médico referentes a la esfera profesional del demandante, no a su esfera íntima o personal.

La Audiencia Nacional ya se había pronunciado en anteriores ocasiones con respecto al ámbito de protección de la LOPD -circunscribiéndose únicamente a las personas físicas- aludiendo a cualquier información concerniente a dichas personas físicas, no a cualquier opinión referente a las mismas, quedando las opiniones al margen del ámbito protector de la LOPD. En la misma línea se pronuncia la Audiencia Nacional en la sentencia SAN 2287/2009 de 8 de mayo de 2009.

Por lo tanto, y tomando en consideración el carácter profesional de los datos publicados, la relevancia pública -al menos en el ámbito sanitario de la persona a la que se refieren dichos datos- y tratándose de opiniones o comentarios vertidos en un foro de discusión, y no de informaciones sujetas al límite interno de veracidad y, sobre todo, a que debe prevalecer el interés público de los internautas y futuros pacientes a conocer -respecto de un médico en activo- las experiencias y opiniones manifestadas por otros usuarios del mismo profesional, la Audiencia Nacional estimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Google frente a las resoluciones de la AEPD, anulándolas, dada su disconformidad en derecho, de tal modo que los contenidos y opiniones relativos al médico en el foro de discusión permanecerán en los resultados del buscador.

En síntesis: la LOPD no ampara datos profesionales de empresarios individuales o profesionales, así como tampoco da cobertura o protección sobre opiniones; y, en base a la libertad de expresión de los internautas, y al interés general de futuros pacientes o usuarios, dichas opiniones o informaciones referidas a un profesional con relevancia pública, deben permanecer, no pudiéndose hacer uso del derecho al olvido para construir una reputación al gusto.

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