“COMPLIANCE” Y RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

Cuando en diciembre de 2010 se llevó a cabo la reforma del Código Penal, entre otros aspectos se hizo extensiva la responsabilidad penal a las personas jurídicas, a las empresas. No es de extrañar que, desde entonces, el 41,8% de las empresas en España hayan tomado medidas en cuanto a poner en marcha un modelo de Prevención y Detección de Delitos; y no sólo esto: el 51,9% ha realizado una evaluación de riesgo del fraude en los últimos dos años. De estos datos se deduce pues que más de la mitad de las empresas de este país (el 58,2%) no tienen ningún modelo de “prevención”.

El Proyecto de Ley de Reforma del Código Penal, a punto de aprobación, establece que:

  • la persona jurídica podrá evitar la responsabilidad penal si prueba que cuenta con un modelo de prevención eficaz.
  • los administradores de las sociedades deberán llevar a cabo dicha prevención, de manera que, en caso de omisión, conllevaría sanciones y multas.

Las organizaciones deberán tener políticas preventivas para poder mitigar el riesgo penal de la persona jurídica; estos mecanismos de prevención y detección de delitos pasarán a tener carácter de imperativo legal una vez aprobado el citado Proyecto de Ley.

Los requisitos mínimos que debe tener el modelo de prevención de delitos, para ser eximente de la responsabilidad penal de la persona jurídica, serán:

  • Definir su mapa de riesgos penales.
  • Definir unos protocolos de actuación.
  • Dotar de recursos financieros, asignados a este fin.
  • Disponer un Código ético.
  • Establecer un Canal de denuncias.
  • Contar con un sistema disciplinario.

(Fuente: “Encuesta sobre fraude y delito económico 2014 – PWC)

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