“¡ …S’HA MATAO PACO ! (LA IMPORTANCIA DE LA GESTIÓN DE DERECHOS EN INTERNET)

Hay vídeos, como el conocido por su frase de “… s’ha matao Paco, que se han hecho virales y han gozado de gran popularidad durante los últimos años gracias a su reproducción en las diferentes ventanas de difusión, dada la posibilidad de poder compartir contenidos en redes sociales o a través de aplicaciones de mensajería y hasta su aparición en programas de televisión gracias a plataformas como Youtube.

Hoy en día quien más y quien menos dispone de un dispositivo de grabación de imagen y audio de calidad prácticamente de calidad HD en su bolsillo; y la creación y difusión de contenidos en Internet por parte de particulares se multiplica día a día.

La profesionalización paulatina de muchas actividades con base digital es ya una realidad y términos como “youtubers”, “bloggers”, “community managers”, ya nos son familiares.

Sin embargo, la mayoría de personas que se inician en las profesiones digitales no son conscientes de las implicaciones legales que supone esta avalancha de generosa creatividad, sobretodo en términos de gestión de derechos y su traducción directa en términos económicos.

Del citado vídeo se han realizado multitud de transformaciones del mismo, que han dado lugar a obras derivadas tales como parodias, GIFS, vídeos compuestos o memes y éstos, a su vez, se han venido publicando, transmitiendo y reproduciendo en diversos medios de comunicación, en diferentes soportes y sin una limitación geográfica, generando una serie de ingresos económicos que el autor del vídeo -o el sujeto cuyos derechos se explotan- no están percibiendo. Al final, en la cadena de difusión, el único ingreso económico que recibe el autor es el ingreso por publicidad de Youtube.

Pero, imaginemos el caso contrario: creamos un vídeo que se convierte en viral, pero resulta que lo hacemos sin obtener los correspondientes consentimientos o licencias de uso de los sujetos o elementos que en el mismo aparecen o se utilizan. Éste podría ser el caso del youtuber MrGranBomba en el vídeo en el que llama “cara anchoa” a un repartidor. En él se utiliza la imagen y la voz de éste último sin su consentimiento, así como una marca sin la autorización de su titular. El youtuber deberá afrontar una serie de responsabilidades legales por la difusión de este vídeo, que bien hubiera podido evitar de haber sabido cómo gestionar todos los permisos y licencias.

En el caso de “S’ha matao Paco” todos estos derechos los ha gestionado la cadena de televisión que produjo el programa del cual se obtuvo el extracto; y ésta habrá blindado pertinentemente toda la cadena de derechos y a cada uno de los afectados, abonando en su caso las cantidades pactadas con cada uno, pero… ¿qué sucede si somos nosotros, como usuarios individuales, los que subimos nuestro vídeo y se convierte en el nuevo viral del momento? ¿Cómo nos blindamos para percibir la remuneración que nos corresponde en cada caso y por cada concepto?.

La conclusión es clara: debemos empezar a regular este nuevo escenario, reconociendo los diferentes derechos que entran en juego, facilitando la correcta gestión de cada uno de los diferentes permisos y licencias necesarios y estableciendo mecanismos que garanticen que los titulares de cada uno de los derechos en juego tienen la compensación económica que les corresponde.

LEXNET

Con la entrada del año, también ha entrado en vigor la obligación legal de utilizar medios electrónicos en las comunicaciones entre las Fuerzas y Cuerpos del Seguridad del Estado los órganos judiciales, poniendo para ello el Ministerio del Interior la aplicación LexNET a disposición de las distintas administraciones públicas (la aplicación permite la remisión y recepción segura de los escrito con firma electrónica).

A nivel de Policía Nacional, en una primera fase ha funcionado correctamente la integración de la aplicación propia (SIDENPOL) con LexNET para la presentación de atestados a los órganos judiciales. Queda, para una segunda fase, el acceso de los agentes al sistema para recibir notificaciones y presentar escritos de trámite.

DIFUSIÓN DE IMÁGENES SIN EL CONSENTIMIENTO DE LAS PERSONAS QUE APARECEN EN ELLAS

El pasado 14 de diciembre apareció publicado en el blog del sitio web de la Agencia Española de Protección de Datos, el texto que aparece a continuación. Y, cuando dice “cena de Navidad”, lo mismo puede hacerse extensivo a cualquier reunión, acto, celebración… A destacar el tema de lareputación digital“, la “configuración de la privacidad” y “solicitar eliminación de fotos y/o vídeos“).

El texto completo es el siguiente:

Es tiempo de planificar las cenas navideñas con los compañeros de trabajo. Esas cenas en las que es previsible que se realicen decenas e incluso cientos de fotos, en diferentes momentos de la cena y después de ella. Es más que probable que al instante o en unos pocos días parte de esas imágenes acabe en una red social.

Todos hemos leído noticias en las que una persona pierde su trabajo o empieza a sufrir acoso a partir de las fotografías publicadas por ellos mismos o por terceros. Aunque se trate de casos aislados, siempre hay que tener en cuenta que un contenido publicado en una red social puede difundirse más allá de lo inicialmente previsto, incluso cuando se tiene el perfil configurado para que sólo los amigos puedan ver lo que se publica. En este caso, fotografías o vídeos que durante esa cena de navidad y en los días posteriores pueden parecer graciosos pero que quizás pasado un tiempo no lo son tanto. Esos contenidos contribuyen a alimentar una reputación digital que puede llegar a tener más peso que la reputación offline.

La difusión de imágenes o vídeos publicados en internet sin el consentimiento de las personas que aparecen en ellos es un tema que se plantea con frecuencia ante la Agencia. Si eres el que sube las fotografías o vídeos a la red social después de la fiesta, ¿te has planteado si todas las personas que aparecen quieren que se publique su imagen? ¿Alguna de esas fotografías, que a priori son divertidas, puede afectar a su reputación digital? ¿Quién puede acceder a lo que publicas en tu perfil? [aquí puedes ver cómo configurar las opciones de privacidad de las redes sociales más populares]

Si vas a subir imágenes de otra persona a una red social, es importante que te asegures en primer lugar de que esa persona está de acuerdo.

Por otro lado, si alguien publica una imagen tuya en una red social y no quieres que esté ahí, en función de tu relación con ella puedes solicitarle que la elimine. Si la persona no te hace caso, solicita a la red social que elimine ese contenido. En esta sección te contamos paso a paso qué debes hacer para solicitar la eliminación de esas fotos o vídeos, con enlaces a cómo ejercer tu derecho de cancelación frente a algunos de los servicios de internet más populares.

Por último, si la red social no te responde en el plazo máximo de diez días desde que recibe tu petición o consideras que la respuesta que te ofrece no es adecuada, puedes presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos exponiendo los detalles de tu caso. Para que la AEPD pueda ayudarte, es imprescindible que tu reclamación esté acompañada por documentación que permita acreditar que ya solicitaste la eliminación del contenido.

En cualquier caso, antes de subir una fotografía o vídeo a una red social debes ser consciente de que la información que compartes en una red social puede ser vista por terceras personas, incluso sin que tú lo sepas. Las personas que tienen acceso a tu información eligen a su vez quien puede tener acceso a su perfil: amigos, amigos de amigos o todo el mundo. Por tanto, aunque parezca que tienes controlado con quien compartes la información que publicas, siempre puede haber una pérdida de control.

(Link de la entrada al blog )

INSTALACIÓN DE CÁMARAS PARA EL CONTROL DE LOS EMPLEADOS

El Tribunal Supremo (TS) ha venido matizando, en sus últimas sentencias relacionadas, los requisitos formales para la instalación de sistemas de vigilancia en los centros de trabajo y el uso válido de las vídeo grabaciones como prueba para el despido disciplinario de los empleados.

Ya se había establecido con anterioridad la no exigencia del consentimiento de los empleados para la captación de su imagen y/o voz a través de los sistemas de vigilancia, pues la relación contractual legitima la grabación de las imágenes de los mismos en el centro de trabajo dentro de los límites establecidos para el control empresarial, si bien, hasta las más recientes sentencias, el criterio general del Tribunal exigía a la empresa la comunicación efectiva de la implantación de dichas medidas a los trabajadores, informándoles de forma específica sobre el uso y destino de los datos. Con la introducción del nuevo criterio, tampoco se exigirá a los empleadores esta información expresa a los trabajadores, bastando el cumplimiento del deber de información genérico, siempre que se cubran los requisitos de información incluidos en la Instrucción 1/2006 de la Agencia Española de Protección de Datos (colocación del cartel o distintivo oficial de vídeo vigilancia).

No obstante, la reciente doctrina del TS sólo puede ser extensible a los supuestos que superen el principio de proporcionalidad, ya que para analizar la constitucionalidad de la medida -restrictiva del derecho a la intimidad de los empleados- el Tribunal Supremo valorará si la misma supera la estricta observancia del principio de proporcionalidad, es decir,

  • si tal medida es susceptible de conseguir el objetivo propuesto (juicio de idoneidad);
  • si, además, es necesaria, en el sentido de que no exista otra medida más moderada para la consecución de tal propósito con igual eficacia (juicio de necesidad);
  • y, finalmente, si la misma es ponderada o equilibrada, por derivarse de ella más beneficios o ventajas para el interés general que perjuicios sobre otros bienes o valores en conflicto (juicio de proporcionalidad en sentido estricto).

“No solamente lo sabe por ser de común conocimiento para los empleados sino también por existir carteles indicadores. Es conocedora de que en lugar en que se encuentra, zona de almacén dedicada a la compactación, no es un área de privacidad como lo son vestuarios y aseos. La presencia de las cámaras en la mayor parte del centro de trabajo sugiere una finalidad protectora del patrimonio empresarial y la grabación de conductas que atenten contra esa finalidad como lo prueba que su instalación tuvo un detonante, las múltiples pérdidas últimamente sufridas lo que convierte a todas las personas que se encuentren en el recinto en sujetos de sospecha y es esa la razón de ser de las cámaras. Así, en un momento dado, permiten localizar la conducta irregular de dos trabajadoras, la demandante y la cajera principal, al menos según lo noticiado en estos autos.”

En resumen, para justificar la validez del despido disciplinario basándose en actuaciones de los empleados captadas por las cámaras de vídeo vigilancia, no sólo se valorará el cumplimiento del deber de información genérico -incluido en la Instrucción 1/2006- sino que deberá tenerse en cuenta el lugar de colocación de las cámaras y si las medidas de control resultan proporcionales, necesarias e idóneas para los fines para los que se utilizan.

¿ ES LEGAL LA INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE VIDEO-VIGILANCIA FALSAS O SIMULADAS CON FINES DISUASORIOS ?

La captación de imágenes a través de cámaras de vídeo vigilancia constituye un tratamiento de datos personales, y por tanto, el tratamiento de dichos datos debe estar sometido a los principios y obligaciones derivados de la LOPD y la Instrucción 1/2006 de la Agencia Española de Protección de Datos.

No obstante, se nos plantean diversas cuestiones en relación con la instalación de videocámaras simuladas.

Dado que no existe tratamiento de datos, esto es, la grabación de imágenes, ni siquiera la mera reproducción de las mismas… ¿es legal instalar cámaras falsas con la finalidad de simular la video vigilancia? ¿Nos encontramos ante un supuesto sometido a la LOPD y a la Instrucción de video vigilancia?

Lejos de emitir algún informe al respecto que aclarase estas dudas de forma taxativa, la Agencia Española de Protección de Datos, venía aplicando un criterio restrictivo en las resoluciones derivadas de procedimientos sancionadores, apercibiendo a los responsables que instalaban cámaras falsas, “En el supuesto presente, no existe constancia de que las cámaras instaladas en el lugar denunciado funcionen y capten imágenes de personas, por lo que de acuerdo con los principios de presunción de inocencia, procede el archivo las presentes actuaciones”, así como solicitando la retirada de las cámaras simuladas, “resultaría plenamente fundada la imposición de una sanción si en el futuro continuaran ubicadas las cámaras en el establecimiento, pues tal circunstancia podría constituir prueba indiciaria suficiente para determinar que las citadas cámaras se encuentran en funcionamiento, pudiendo imputarse la comisión de las infracciones que resulten de la aplicación de la LOPD que podrían ser sancionadas, de conformidad con el régimen sancionador previsto en la citada Ley, con multas de hasta 300.506,05 €“, amén de algunas resoluciones que acordaban la imposición de sanciones a aquellos que, tras haber sido apercibidos y requeridos a retirar las cámaras falsas en primera instancia, no las hubieren retirado.

De dichas resoluciones había que extraer la conclusión de que a la Agencia Española de Protección de Datos no le hacía gracia la instalación de cámaras simuladas, y por tanto, ponía impedimentos, obligando a la desinstalación o, en su defecto, al cumplimiento de la normativa aplicable. No obstante, y a tenor de las más recientes resoluciones, en particular la R/00109/2016, la propia Agencia cambia de criterio con respecto a las resoluciones anteriores e incluso lo admite en las conclusiones de la propia resolución, “esta Agencia considera necesario revisar el mencionado criterio, en los términos que se plasman en la presente resolución. De este modo la inexistencia de prueba alguna, acerca de un posible tratamiento de datos de carácter personal, implica que la presente resolución de archivo no incorpore ningún tipo de requerimiento, al prevalecer el principio de presunción de inocencia.”

Del mismo modo, la Agencia Catalana de Protección de Datos emitió un Dictamen (1/2009, de 10 de febrero) avalando el criterio más reciente de la AEPD, en el que esclarecía que “La instalación de cámaras de video vigilancia falsas con fines disuasorios en un espacio, no supone un tratamiento de datos personales, si no son aptos para captar ni imágenes ni voces. Por tanto, la normativa reguladora del derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal no sería de aplicación a estas cámaras simuladas.”

Por tanto, y a tenor de este cambio de criterio, la instalación de cámaras de vídeo vigilancia falsas, debería encontrarse fuera de los ámbitos de aplicación de la LOPD al no existir tratamiento de datos y operar el principio de presunción de inocencia. No obstante, resultaría recomendable actuar con cierta diligencia y, cumplir con obligaciones tales como la inclusión de los carteles informativos de vídeo vigilancia en aquellos espacios en los que se hallen las cámaras simuladas. De todas formas, estaremos atentos al rumbo que sigue la AEPD en resoluciones futuras.