PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
LA AUDIENCIA NACIONAL CONFIRMA MEDIANTE SENTENCIA LA MULTA A CARREFOUR-LUGO POR DESTRUIR HISTORIAS CLÍNICAS DEL PERSONAL. Carrefour-Lugo ha sido condenada a pagar 20.000 euros por destruir las historias clínicas de 22 de sus trabajadores que reclamaron esa documentación. La empresa incurrió en una infracción del artículo 4.5 de la Ley Orgánica de la Protección de Datos que obliga a conservar los datos personales hasta que éstos hayan dejado de ser necesarios para la finalidad con la que fueron recabados.La empresa manifestó que cuando acabó la prestación del servicio de atención médica al personal efectuado por una empresa, el archivo de las historias clínicas y el equipo informático quedaron custodiados por la jefa de recursos humanos a la que le entregaron las llaves del archivo y que posteriormente fueron eliminados. El fallo de la AN establece que las historias debieron conservarlas como mínimo cinco años, y recuerda que el servicio de salud laboral prestado a los trabajadores desde el año 1993 hasta el 2010 dio lugar a que se generase un expediente por cada trabajador que contenía copia de los actos médicos.
LA AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS (AEPD) SANCIONA CON 50.000 EUROS A “EL COBRADOR DEL FRAC” Y A GESTIÓN Y RECUPERACIÓN M-1. Ya que El Cobrador del Frac colocó un papel en el portal del acreedor al que reclamaba la deuda, domiciliado en Valencia, en el que se desvelaba su situación de morosidad, cometiendo así una infracción al artículo 9 de la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD), que garantiza la adopción de las medidas necesarias para salvaguardar los datos de carácter personal y evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.
LA AEPD INICIA UN PROCEDIMIENTO CONTRA EL MINISTERIO DEL INTERIOR AL DETECTAR IRREGULARIDADES EN LAS CÁMARAS DE SEGURIDAD DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS. En concreto, el expediente analiza la presunta infracción del artículo 5 de la LOPD y de la Instrucción 1/2006 de la AEPD, que obliga a colocar, en la zonas video vigiladas, carteles informativos ubicados “en lugar suficientemente visible” y a tener a disposición de las personas que pudieran resultar grabadas impresos con la información relacionada con sus derechos en este sentido, cosa que no se produce en muchos centros penitenciarios, captando imágenes de forma irregular de trabajadores, presos y visitantes.
EL TRIBUNAL SUPREMO DA DERECHO A LOS PADRES DE UNA JOVEN FALLECIDA A ACCEDER A SU TELÉFONO MÓVIL para defender sus intereses y averiguar la identidad de uno de los traficantes de droga. Así lo recoge la sentencia en la que confirma las penas de cárcel que la Audiencia Provincial de Baleares impuso a siete acusados de inducir a varias menores de edad, una de ellas discapacitada psíquica, a prostituirse a cambio de dinero y drogas. La Sala de lo Penal considera una prueba lícita los mensajes SMS aportados por los padres de la joven y que fueron obtenidos de su teléfono una vez fallecida. Los magistrados asimilan las copias de estos mensajes con la correspondencia y entienden que su acceso no vulnera el derecho a la intimidad ni al secreto de las comunicaciones.
DELITOS INFORMÁTICOS
LOS DELITOS INFORMÁTICOS MÁS COMUNES. “Algunos quieren engañarte, y no solo el Día de los Inocentes, #nopiques”. Bajo este lema, la Policía Nacional ha lanzado una campaña con la que pretende alertar a los ciudadanos de los fraudes más frecuentes que circulan por la red. El servicio de mensajería instantánea WhatsApp se posiciona como el soporte ideal para los “timos 2.0” para la distribución de malware cuyo fin es la obtención de beneficios mediante el engaño al usuario. Mensajes con las falsas promesas de espiar números ajenos o aplicaciones fraudulentas que aseguran, por ejemplo, eliminar el “doble check” azul (antes de que no fuera posible desde la aplicación oficial), son los ganchos más habituales, así como ofertas de empleo que “obligan” a pagar algún trámite o curso previo.
PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES
EL SEPBLAC RECIBE UN 75% MÁS DE COMUNICACIONES POR INDICIOS DE BLANQUEO DE CAPITALES. Las entidades de pago que operan en España comunicaron en 2013 un total de 755 comunicaciones por indicios de blanqueo al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC). Según la última memoria de la organización, esta cifra representa un aumento de casi el 75% con respecto a las 432 comunicaciones presentadas en el año 2012. Este crecimiento, explica la Sepblac, se debió a la “mayor sensibilización” de las principales entidades que integran el sector.